Nuevo informe: Pueblos Indígenas, Pueblos Afrodescendientes y comunidades locales han obtenido el reconocimiento jurídico de más de 100 Mha de tierras adicionales desde 2015 y hoy en día son dueñas de más del 11% de la superficie terrestre del mundo.
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- La superficie de tierras comunitarias legalmente reconocidas aumentó de 2015 a 2020 en por lo menos 39 países.
- Las comunidades consiguieron dichos logros a pesar de la poca asistencia de gobiernos o donantes; por lo tanto, una mayor inversión en sus derechos podría promover un rápido avance hacia el cumplimiento de los objetivos globales de desarrollo.
- La implementación de las leyes existentes podría conducir potencialmente a la obtención de derechos comunitarios sobre 260 Mha de tierras tradicionales.
Washington, D.C. (15 de junio de 2023)—Según un nuevo informe de la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI), las leyes nacionales existentes tienen el potencial de llevar al reconocimiento de los derechos de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes y comunidades locales a ser los dueños o controlar más de 260 megahectáreas (Mha) en todo el mundo, es decir, una superficie equivalente al doble de Perú.
De acuerdo con el informe, al menos 39 gobiernos nacionales aumentaron el área bajo propiedad o control por parte de comunidades indígenas, afrodescendientes y locales entre 2015 y 2020, hecho que llevó al reconocimiento legal de más de 100 Mha de tierras comunitarias adicionales.
Con dicho reconocimiento, la cantidad total de tierras que son propiedad de las comunidades aumentó a más del 11% de la superficie terrestre de los 73 países analizados en el informe -que cubre el 85% de la superficie global. Con la implementación de las leyes existentes, se puede aumentar a más del doble el área reconocida durante el período 2015–2020.
Los miembros de comunidades indígenas, afrodescendientes y locales representan hasta 2 mil 500 millones de la población del planeta y en general, poseen y utilizan de manera consuetudinaria por lo menos el 50% de la superficie terrestre.
«Esas victorias legales no son accidentales. Son resultado de años de lucha sostenida y de defensa por parte de titulares de derechos y grupos de la sociedad civil con muy poco apoyo directo,» dijo la Dra. Solange Bandiaky-Badji, coordinadora de RRI.
«Nuestro informe deja en claro que se podría lograr mucho más si gobiernos, donantes e instituciones de desarrollo priorizaran en sus compromisos climáticos y de biodiversidad a los derechos colectivos de tenencia y los enfoques basados en los derechos.»
Cada vez más estudios logran identificar un vínculo directo entre la existencia de sólidos derechos sobre tierras indígenas y comunitarias con menores tasas de deforestación y degradación forestal. El informe sobre el clima más reciente de la ONU subraya la importancia de tales derechos como baluarte decisivo en la mitigación del cambio climático y en los esfuerzos de adaptación, y el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal también destaca su importancia en los esfuerzos por evitar la creciente crisis de extinción de la biodiversidad.
«La ciencia demuestra que cuando nuestras comunidades tienen sólidos derechos y protecciones sobre nuestras tierras ancestrales, nadie nos supera en la protección de los ecosistemas naturales. Nuestros derechos se deben colocar en el centro de los esfuerzos globales encaminados a proteger el clima y la biodiversidad de la Tierra,» dijo Gam Shimray, líder Indígena del Pueblo Naga y Secretario General del Pacto de Pueblos Indígenas de Asia (AIPP).
«Una forma concluyente en que las organizaciones que trabajan en clima y conservación y los mecanismos de financiamiento pueden apoyar las actividades de los países que buscan implementar enfoques basados en los derechos es adoptar el Estándar para los Derechos a la Tierra para sus medidas e inversiones relacionadas con las tierras.»
También se señala en el informe que en 49 países para los cuales existen datos disponibles, 1,375 Mha de territorios indígenas, comunitarios y afrodescendientes—un área de las mismas dimensiones que la Antártida— todavía no gozan de reconocimiento legal. Son tierras plagadas de conflictos porque los gobiernos no reconocen o no hacen cumplir los derechos que las leyes otorgan a las comunidades, situación que las enfrenta a terceros como empresas, inversionistas o residentes que posiblemente no reconozcan o defiendan reclamos comunitarios que se opongan a sus propios intereses.
Investigaciones recientes también revelan un vínculo directo entre la seguridad de los derechos a tierras indígenas y comunitarias y la prevención de incendios forestales y deforestación, ya que en los bosques comunitarios las medidas de prevención se relacionan estrechamente con la práctica de conocimientos tradicionales por parte de las comunidades. Aparte de los incendios forestales sin precedentes registrados en Canadá, la comunidad científica en Indonesia ha pronosticado una sequía de gran severidad, exacerbada por el clima generado por el fenómeno de El Niño, y ha enviado advertencias de que la temporada de incendios del año en curso será mucho peor que las de años anteriores.
«Durante más de dos décadas, hemos clasificado los lugares dónde se han reconocido los derechos indígenas y comunitarios y el potencial siempre supera las ganancias reales,» dijo Solange Bandiaky-Badji. «A medida que el mundo se acerca rápidamente al grado y medio centígrado de calentamiento global, tanto gobiernos como donantes deben considerar las inversiones en derechos, medios de vida y actividades de conservación de dichos grupos como una de las soluciones más efectivas y eficientes a su disposición para combatir el cambio climático, proteger la naturaleza y atender las desigualdades sociales y económicas.»
Avances regionales
Entre 2015 y 2020, en la región de África al sur del Sahara se registró el mayor aumento en el reconocimiento legal de los derechos comunitarios a la tierra a escala mundial. El área total propiedad de Pueblos Indígenas y comunidades locales aumentó en un 12% con respecto a los datos iniciales de 2015.
Casi todos los incrementos conocidos ocurrieron en dos países: en Kenia, donde se aprobó la Ley de Tierras Comunitarias de 2016 y en Liberia, donde se aprobó la Ley de Derechos a la Tierra de 2018, misma que reconoce las tierras consuetudinarias.
La República Democrática del Congo (RDC) avanzó en la implementación de concesiones forestales comunitarias de nivel local durante el período 2015–2020 y en 2022 aprobó una nueva ley histórica que reconoce los derechos de los distintos pueblos pigmeos. Junto con el nuevo Código Forestal de la República del Congo adoptado en 2020, hoy se puede impulsar el reconocimiento de los derechos sobre la tierra en la cuenca del Congo, uno de los recursos ecológicos más importantes del mundo.
Patrick Saidi, coordinador de la Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones (DGPA), quien abogó por la nueva ley de la RDC, expresó lo siguiente:
«Una de cada cinco especies en el planeta se encuentra en los bosques de la cuenca del Congo, que también contienen el sumidero de carbono más grande de los trópicos a escala global. El reconocimiento legal de derechos es un primer paso de importancia fundamental, al que ahora debe seguir una implementación efectiva e inversiones a largo plazo para apoyar nuestros medios de vida, fortalecer nuestras capacidades tradicionales de gobernanza y gestión de la tierra y ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos de conservación para la protección de nuestros recursos.»
En Asia, región que alberga alrededor del 70% de toda la población indígena del mundo, casi 98% de todas las tierras reconocidas de propiedad comunitaria se encuentran en China. Sin contar ese país, la proporción de dichas tierras en la región sería menor que en América Latina o en África subsahariana—sólo 0.83%.
Dos países en particular, India e Indonesia, experimentaron un progreso modesto pero insuficiente. Si bien la superficie reconocida de tierras comunitarias aumentó dieciocho veces en India y casi siete veces en Indonesia en comparación con los datos iniciales de 2015, la velocidad y la escala del reconocimiento a nivel nacional siguen siendo inadecuadas dadas las dimensiones de las tierras comunitarias no reconocidas en ambos países.
En cuanto a América Latina, el informe señala que por mucho tiempo ha sido un líder regional en el reconocimiento de derechos. Sin embargo, sólo 21 Mha (menos del 1% de la tierra en los 16 países de la región analizados) se reconocieron durante el período 2015–2020 como designadas o propiedad de las comunidades. Más aun, incluso en áreas reconocidas por la ley, muchas comunidades no cuentan con la seguridad de la tenencia de la tierra debido a las invasiones incontroladas de sus territorios.
Las amenazas a las tierras comunitarias se materializaron en Brasil, cuando el entonces presidente Jair Bolsonaro, en su segundo día de mandato, recortara los fondos del FUNAI, la agencia de asuntos indígenas del país, y emitiera una orden ejecutiva que otorgaba mayor poder al Ministerio de Agricultura para apoyar la expansión de la ganadería en tierras indígenas.
Si bien el nuevo gobierno se ha comprometido a respetar los derechos de personas Indígenas, Afrodescendientes y comunitarias, la legislatura sometió recientemente un nuevo proyecto de ley que restringiría el control de los Pueblos Indígenas sobre sus territorios.
Como comentara una líder del Pueblo Indígena Pankararu del Brasil y experta en antropología social, Cristiane Julião Pankararu, «La elección del presidente Lula fue un avance político, pero la situación de los Pueblos Indígenas en Brasil es más crítica que nunca porque no podemos decir lo mismo de la legislatura brasileña.»
«Estamos a punto de perder más territorios con la nueva Iniciativa del Marco Temporal. Brasil y otros países más allá de la cuenca del Amazonas necesitan urgentemente reconocer los derechos de los Pueblos Indígenas y de las comunidades que protegen la biodiversidad de numerosos biomas y ecosistemas. No podemos alcanzar los objetivos globales en materia de clima, justicia climática, biodiversidad e incluso desarrollo económico sin ese paso fundamental.»
