Es lunes, 14 de agosto de 2023, Cecilia Herrera, miembro de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM), va sentada en un miniván junto a la ventanilla, justo detrás del conductor. Sus compañeros de viaje son tres periodistas, uno del portal de noticias sobre conservación Mongabay, otro del periódico colombiano El Espectador y el tercero de la plataforma de periodistas Diálogo Chino, dedicada a cubrir temas medioambientales. En el miniván viajan también cuatro miembros de la Iniciativa para los Derechos y los Recursos (RRI), incluyéndome. El coche se dirige a la finca El Refugio, en Santander de Quilichao, Cauca, donde nos reuniremos con los líderes de PCN y demás miembros de ASOM.

El día anterior, los disidentes del ya extinto grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) detonaron un carro bomba en el pueblo de Timba, en el norte del Cauca, matando a un agente de policía. El atentado formaba parte del llamado «plan pistola», que crearon en respuesta a la presión ejercida por el gobierno, contra el narcotráfico. Debido a este y otros ataques en diferentes sectores del departamento, el presidente colombiano, Gustavo Petro, celebra un consejo de seguridad en la capital del Cauca, por lo que se respira una tensa calma.

Cuando planeamos esta reunión, la semana anterior, pensamos en este día de manera muy diferente. Los periodistas y representantes de ASOM y PCN esperaban visitar el consejo comunitario de La Alsacia, ubicado en el municipio de Buenos Aires, lugar que lleva 22 años implementando una iniciativa de agricultura cafetera sostenible y de conservación de los bosques. Sin embargo, La Alsacia se encuentra dentro del municipio que fue atacado el día de ayer, así que en su lugar nos dirigimos ahora a esta breve reunión en Santander de Quilichao, Cauca.

En la reunión planeamos aprender sobre los esfuerzos de conservación ambiental, basada en los derechos, los cuales han sido liderados por consejos comunitarios de Pueblos Afrodescendientes del norte del Cauca y Buenaventura, quienes en 2022 formalizaron sus sistemas de conservación tradicionales en 15 áreas de conservación comunitaria en sectores que bordean el río Yurumanguí, las cuencas de los ríos Cauca y Calima y las microcuencas de los ríos Mazamorrero, Mayorquín, Payal, Raposo, Dagua y Teta.

Desde la carretera, Cecilia ve a un grupo de niños jugando en un pequeño arroyo. Uno de ellos sale del agua, con los pantalones cortos y la camiseta empapados, y se sube a una roca alta, lanzándose de nuevo al agua y salpicando a los otros niños. «Sí que saben vivir sabroso», dice Cecilia.

“Vivir sabroso” fue adoptado como lema de campaña por la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, una mujer afrodescendiente que comenzó su carrera como lidereza en la misma organización a la que pertenece Cecilia: ASOM. Este eslogan también representa una filosofía de vida para los Pueblos Afrodescendientes de Colombia. Vivir sabroso no se trata de contar con riqueza, sino vivir sin miedo, con dignidad y acceso a sus derechos y a su territorio. Esta filosofía ha guiado la vida y el trabajo constante de las líderezas de ASOM y PCN en medio de la violencia permanente, generada por los frecuentes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del Estado, las bandas ilegales, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC.

Las 15 áreas protegidas comunitarias creadas por los Pueblos Afrodescendientes de la región forman parte del Chocó Biogeográfico, un conjunto de territorios formado por bosques húmedos tropicales, manglares, arrecifes de coral y pastos marinos. Todos albergan ecosistemas claves para la mitigación y adaptación al cambio climático. De hecho, más del 25 por ciento de las especies animales y vegetales de la región son exclusivas de esta parte del mundo. Sin embargo, a pesar de su enorme valor ecológico, la extracción y el comercio ilegales de oro, madera y recursos pesqueros, así como los cultivos ilegales de coca y la tala para la ganadería han provocado la pérdida de biodiversidad y el debilitamiento de las estructuras sociales, así como de las tradiciones culturales y la gobernanza de las comunidades locales. Los Pueblos Afrodescendientes han protegido estos aspectos de sus comunidades durante siglos, pero ahora luchan por mantenerlos intactos.

Una comunidad que ejerce gobernanza a pesar de la ausencia del Estado  

Al llegar a la finca de PCN, encontramos sillas dispuestas en semicírculo. De fondo había una música con tambores y cantos de mujeres que mencionaban a ASOM y a sus procesos organizativos. Los lideres y lideresas de los consejos comunitarios de La Alsacia, Cerro Teta y Cuenca Cauca, así como representantes del PCN del Alto Cauca, esperaban expectantes nuestra llegada y la de Clemencia Carabalí, fundadora de ASOM y consejera presidencial para la equidad de la mujer.

Clemencia Carabalí llega en un vehículo blindado custodiado por dos carros más, quienes estaban al asecho de alguna posible anomalía. Este estricto cuadro de seguridad se debe a que en el Cauca los lideres y lideresas ambientales han sido víctimas de amenazas, secuestros y asesinatos durante décadas, por estar ubicados en una zona estratégica para la siembra y salida de cultivos ilegales.

A la reunión solo llegaron una parte de los lideres que pudieron acomodarse al cambio repentino de la agenda. Representantes de Yurumanguí y de la Cuenca del Rio Calima que estaban agendados para los días siguientes, no pudieron lograrlo debido a que habitan en zonas retiradas, de las que solo pueden salir en lanchas que deben ser reservadas con antelación.

En la finca El Refugio también está Adelmo Carabalí, coordinador del PCN y cofundador del consejo comunitario de la cuenca del río Agua Blanca, en La Alsacia.

«Somos producto de la resistencia civil. Hemos sufrido tres desplazamientos masivos y el confinamiento de nuestra gente en el territorio», nos cuenta Adelmo. «El primero fue en 1986 por la construcción del plan hidroeléctrico Salvajina en Suárez, Cauca; el siguiente en la década del 2000 con la incursión de paramilitares {de derecha}; y luego en 2013, cuando hubo un enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla izquierdista de las FARC», dice Carabalí.

La Alsacia comprende más de 1.088 hectáreas, de las que 550 están destinadas a la conservación. Esta organización decidió hace 22 años rechazar los cultivos ilícitos promovidos por los grupos armados ilegales y desarrollar su propio sistema de soberanía alimentaria. Hoy, en La Alsacia hay 100 familias dedicadas principalmente a la producción de café.  

«Estos sistemas productivos tienen corredores de conectividad con el bosque primario, desde donde los animales tienen fácil acceso a la finca y al alimento… a eso apuntamos en nuestra organización: a desarrollar una agricultura amigable con el medio ambiente y sostenible en el tiempo», dice Adelmo.    

Debido a la histórica ausencia estatal, los Pueblos Afrodescendientes de esta región han desarrollado sus propias prácticas de gestión de la tierra y los recursos naturales de acuerdo con sus modos de vida ancestrales. Estas luchas dieron como resultado el reconocimiento estatal al derecho a la propiedad colectiva de las tierras históricamente ocupadas por las comunidades, y al uso, acceso, gobierno y conservación de estas, protegidas por el Capítulo 4 de la Ley 70 de 1993 sobre derechos étnicos territoriales.  

Proteger la tierra mientras se lucha contra múltiples amenazas  

“La primera pelea que libramos fue con el Estado, para lograr titular la finca como un predio colectivo. La segunda fue con los cultivadores de uso ilícito. Gente que venía de otras zonas, se ubicaron en el cerro a quemar bosque para cultivar amapola. Tuvimos que sacarlos del territorio y crear un reglamento interno que prohíbe el cultivo de uso ilícito o procesamiento. Hasta hoy encontramos, a veces, en nuestras rondas de vigilancia laboratorios de procesamiento de coca, entonces hay que enfrentarnos otra vez con esa gente a pesar de sus amenazas”, cuenta Adelmo Carabalí. 

Desde 1993 se han titulado 5,6 millones de hectáreas en el Norte del Cauca y Buenaventura y aproximadamente 3 millones más están en proceso de titulación, la mayoría de ellas en otras zonas del país. Sin embargo, el proceso de ASOM y PCN va más allá de la mera titulación. Desde el inicio del proceso de legalización de tierras, las comunidades del norte del Cauca y de Buenaventura, determinaron que algunas zonas dentro de sus títulos debían tener una protección especial en la categoría de conservación. 

En este sentido, estas comunidades y RRI buscan crear un Sistema Comunitario de Áreas Protegidas, que propone un modelo de conservación basado en derechos y centrado en las personas. Este enfoque fue desarrollado por el antropólogo y cofundador de PCN, Carlos Rosero. Rosero también es conocido por sus enormes aportes a la expedición de la Ley 70 de 1993, considerada uno de los marcos normativos más influyentes en América Latina para el desarrollo de políticas de tenencia de la tierra para los Pueblos Afrodescendientes.   

«Con estas áreas buscamos la recuperación y conservación ambiental y la preservación de la vida a todo nivel en nuestros territorios», dice Clemencia Carabalí, de ASOM. «En 2021 iniciamos un proyecto de identificación de estas áreas con el apoyo de RRI. Ahora acabamos de iniciar un segundo ejercicio para identificar sus servicios ecosistémicos. Esto nos ayudará a determinar formas de seguir ejerciendo nuestra autonomía económica y posibilidades de conservar el territorio.»  

 Uno de los proyectos del consejo comunitario es la creación de una estrategia de ecoturismo. «Tenemos mucha esperanza de que la paz sea una realidad en nuestros territorios y que la gente pueda venir a disfrutar de estas tierras sin miedo. También aspiramos a construir estrategias de desarrollo para estos territorios que estamos protegiendo, pero desde nuestra cosmovisión como grupo étnico», dice Luz Deifa Carabalí, miembro del consejo comunitario de La Alsacia.

La Alsacia, consejo comunitario, norte del Cauca, Colombia. Foto de Angie Larrahondo, ASOM para RRI.

La armonía entre los Pueblos Afrodescendientes y la naturaleza ha permitido que la región siga siendo un hotspot mundial de conservación de la biodiversidad. Sin embargo, sus esfuerzos por conservar sus modos de vida también les han costado la vida.  

“Nuestro territorio es una de las zonas con mayor número de minas antipersona del país, debido a que frecuentemente quedábamos en el centro del enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército. Tanto así que la Alsacia hace parte de los territorios prioritarios de desminado humanitario en el Acuerdo de Paz firmado por las FARC. Prioridad que, lamentablemente, no se ha podido cumplir”, dice Adelmo Carabalí. 

En una declaración pública, comandantes guerrilleros desmovilizados de las FARC reconocieron que el consejo comunitario de la Alsacia era una de las comunidades más organizadas que había encontrado en su trayectoria, sin embargo, los esfuerzos hacia el desminado humanitario serian imposibles de realizar en el sector ya que los explosivitas que instalaron las minas se encuentran sin vida y no hay memoria dentro de la organización sobre la ubicación exacta de las minas.  

Adelmo afirma que, afortunadamente, algunas minas han explotado durante incendios o lluvias relámpago sin causar daños a ningún miembro de la comunidad. «El año pasado… hubo un incendio accidental que quemó gran parte del bosque. Las minas explotaban cada vez que avanzaban las llamas», explica Carabalí.  

En la reunión también está Leidy Johana Bastidas, minera artesanal, agricultora y miembro del Consejo Comunitario de Cerro Teta y de ASOM. Ella nos cuenta: «En ASOM venimos adelantando un proceso de recuperación ambiental y reforestación en Cerro Teta con el objetivo de recuperar especies arbóreas nativas en peligro de extinción, principalmente por la minería.»  

Cerro Teta fue el primer consejo comunitario creado a nivel nacional y es citado como un caso exitoso de defensa de los derechos étnico-territoriales en el país, particularmente por ser un territorio compartido entre Pueblos Afrodescendientes y Pueblos Indígenas. Sin embargo, hoy Cerro Teta está envuelto en un conflicto entre paramilitares y disidentes de la guerrilla que luchan por controlar la explotación ilegal de oro.  

«El cerro es rico en oro, lo que lo ha convertido en objeto de disputa entre paramilitares y guerrilla, con las comunidades resistiendo para preservar el ecosistema y cuidar sus territorios en el medio», dice Clemencia.  

Historias de resistencia no contadas   

Los territorios del norte del Cauca y Buenaventura tienen una larga lista de historias de resistencia y conservación comunitaria basada en derechos que aún son desconocidas para el gran público. El grupo audiovisual Las Renacientes de ASOM ha hecho un esfuerzo por documentar algunas de ellas con el apoyo de RRI, y juntos seguiremos produciendo y compartiendo estas historias para apoyar su lucha por los derechos territoriales y la conservación liderada por las comunidades.  

“Cada vez más nos enteramos de jóvenes hijos de desplazados que los traen en cajitas de cuatro tablas enterrarlos porque no tuvieron oportunidades en las ciudades y se enrolaron con las pandillas de esos barrios. Una Perdida de relevo generacional que no podemos seguir permitiendo. Nosotros en cambio, en vez de echarnos hacia abajo, a las ciudades, echamos hacia la montaña, donde logramos construir un proyecto organizativo y un futuro mejor para nuestros jóvenes”, concluye Adelmo Carabalí.

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