Las miembros de la nueva red acuerdan crear más documentación sobre derechos a la tierra y procesos de gobernanza de mujeres Indígenas, Afrodescendientes y de comunidades locales; también piden fortalecer sus capacidades de incidencia.
El conflicto socioambiental que se vive en la inspección, Los Pozos, de de San Vicente del Caguán, es insostenible. La empresa china, Emerald Energy Plc, incumple reiteradamente las leyes ambientales del país y el gobierno colombiano sigue sin intervenir.
Este análisis pone de relieve la necesidad urgente de trabajar en un Enfoque de Conservación basado en los derechos en la Amazonia colombiana, considerando los múltiples derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. El estudio propone una hoja de ruta para transformar, fortalecer y ampliar el marco jurídico de conservación existente.
Tras más de tres años de investigación sobre el conflicto armado en Colombia, la Comisión de la Verdad, creada a raíz de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, publicó el primer capítulo de su informe final el 28 de junio de 2022. Esta entrada del blog examina algunas de sus principales conclusiones y testimonios.
Sangre en la selva, exigimos justicia.
El mundo tiene la mirada puesta en Colombia ahora que el nuevo presidente, Iván Duque, ha tomado posesión del cargo. Los grupos defensores de los derechos y los activistas por la paz están exhortando al gobierno a garantizar que tanto el proceso de paz como los líderes sociales del país estén protegidos.
Nuevos datos consolidados desde los consejos comunitarios afrodescendientes y registros del Estado revelan que el gobierno de Colombia no ha respondido a 271 solicitudes de reconocimiento legal y titulación colectiva. Estos datos evidencian amenazas a la sostenibilidad cultural y ecológica de los territorios de las comunidades afrodescendientes y sus derechos establecidos por la Ley 70 de 1993, así como a la ejecución exitosa de los Acuerdos de Paz. Aunque todas las 271 comunidades han reclamado al Estado su titulación colectiva, el gobierno ha postergado el reconocimiento de estas reclamaciones—en algunos casos por más de una década.