El comercio mundial, el consumo, el crecimiento de la población y la urbanización están impulsando transformaciones que, en parte, conducen a la destrucción de la naturaleza. El Foro Económico Mundial califica la pérdida de biodiversidad como uno de los cinco principales riesgos mundiales. Está claro que la protección del medio ambiente debería ocupar un lugar destacado en la agenda política y normativa, pero con demasiada frecuencia la gobernanza medioambiental es débil y se descuida la aplicación de las políticas.
Nos complace compartir que la Iniciativa para los Derechos y Recursos ha recibido una subvención sin restricciones de 15 millones de dólares del filántropo MacKenzie Scott para apoyar el reconocimiento de los derechos a la tierra y a los recursos de los Pueblos Indígenas, los Pueblos Afrodescendientes y las comunidades locales de todo el mundo, incluidas las mujeres de estos grupos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó los argumentos orales en un caso contra Guatemala que podría sentar un precedente para las comunidades Indígenas de toda América Latina en su búsqueda, no sólo de los derechos colectivos a sus tierras ancestrales, sino del derecho a controlar sus recursos naturales.
A medida que el papel desempeñado por los Pueblos Indígenas y las comunidades locales en la salvaguarda del planeta gana el reconocimiento que hace tiempo debían tener las iniciativas mundiales sobre el clima y la conservación, sus representantes y aliados han lanzado un nuevo mecanismo para financiar acciones territoriales comunitarias con respeto pleno a los derechos de pueblos y comunidades.
Nos complace compartir que la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI), la Alianza Global de Comunidades Territoriales (GATC) y la Campaña para la Naturaleza (C4N), han recibido una subvención del Bezos Earth Fund para ampliar conjuntamente el reconocimiento de los derechos de tenencia de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los Pueblos Afrodescendientes en los Andes tropicales y la cuenca del Congo.
Defensora de los derechos de los indígenas en Canadá desde hace mucho tiempo, la Dra. M.A (Peggy) Smith dirigirá la gobernanza de la Iniciativa para el Rights and Resources Group (RRG), una coalición mundial de pueblos indígenas, afrodescendientes y organizaciones comunitarias locales.
La junta directiva del Grupo para los Derechos y Recursos (RRG) ha escogido a la Dra. Solange Bandiaky-Badji como coordinadora de la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) y presidenta del Grupo para los Derechos y Recursos (RRG), entidad que actúa como mecanismo coordinador de la RRI.
Este análisis demuestra que la gran mayoría de los países con bosques tropicales que pretenden beneficiarse de los mercados internacionales de carbono forestal aún no han definido en la ley y en la práctica los derechos de los Pueblos Indígenas, comunidades locales y Pueblos Afrodescendientes sobre el carbono en sus tierras y territorios consuetudinarios.
La siguiente es una carta de seguimiento de una reunión de RRI con el Sr. Lambertini y su equipo, celebrada el 6 de febrero de 2021.
Durante una sesión reciente del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, realizada en Nueva York, seis activistas y líderes indígenas de diversas partes del mundo dedicaron un momento a referirse a las contribuciones que realizan sus comunidades para el progreso de la sociedad, y que muchas veces no se reconocen y se subestiman, así como para abordar algunos de los conceptos erróneos más comunes y nocivos sobre los pueblos indígenas y las comunidades locales.
El mundo tiene la mirada puesta en Colombia ahora que el nuevo presidente, Iván Duque, ha tomado posesión del cargo. Los grupos defensores de los derechos y los activistas por la paz están exhortando al gobierno a garantizar que tanto el proceso de paz como los líderes sociales del país estén protegidos.
Con su sombrero de ala ancha, Carlos Pérez Sebastián, nuestro guía de campo durante la semana, afirmó: “La silvicultura comunitaria es una gran alternativa para…
Nuevos datos consolidados desde los consejos comunitarios afrodescendientes y registros del Estado revelan que el gobierno de Colombia no ha respondido a 271 solicitudes de reconocimiento legal y titulación colectiva. Estos datos evidencian amenazas a la sostenibilidad cultural y ecológica de los territorios de las comunidades afrodescendientes y sus derechos establecidos por la Ley 70 de 1993, así como a la ejecución exitosa de los Acuerdos de Paz. Aunque todas las 271 comunidades han reclamado al Estado su titulación colectiva, el gobierno ha postergado el reconocimiento de estas reclamaciones—en algunos casos por más de una década.
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