En la madrugada del 2 de marzo del 2023, manifestantes, miembros de la guardia campesina, atacaron a un grupo de policías que custodiaban la petrolera Los Pozos, ubicada en el departamento de Caquetá en el suroeste de la región de la Amazonia colombiana. La confrontación, acompañada por bombas incendiarias, dejó dos muertos y varias personas gravemente heridas.
El conflicto socioambiental del bloque petrolero Los Pozos que surge desde el comienzo de las actividades petroleras en ese territorio en 2014[i], pudo haberse evitado si previamente hubieran concurrido al menos dos factores:
- La adopción y aplicación de normas sociales y ambientales que enmarcaran las actuaciones de las empresas chinas en el interior del país, y
- La correcta y justa sanción por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia (ANLA) en la década pasada, a causa del incumplimiento de las obligaciones a cargo de la empresa.
Las instrucciones del gobierno de China a sus empresas
El gobierno de China intentó promover una serie de directrices sociales y ambientales que tenían como objetivo la prevención y disminución de riesgos ambientales generados por empresas de este país. Sin embargo estos lineamientos no han sido tenidos en cuenta por el gobierno colombiano.
En efecto, los “Lineamientos sobre Protección Ambiental en Inversión y Cooperación en el Extranjero”, publicado en 2013 por los ministerios de comercio y medio ambiente de China, insta a las compañías a cumplir la responsabilidad social en materia de protección ambiental y desarrollo sostenible.
Las directrices subrayan la importancia de monitorear de manera permanente los impactos de las actividades ambientales. Es decir, investigar sobre la debida diligencia de las operaciones en actividades petroleras, contaminación de aguas subterráneas y pasivos ambientales, así como diseñar planes de manejo de crisis.
Posteriormente, en 2022, los mismos organismos promulgaron las “Directrices para la Protección del Medio Ambiente Ecológico de Proyectos de Construcción de Inversión Extranjera y Cooperación”, las cuales, en concepto de especialistas, no cuentan con mayor avance, más allá de la creación de dos documentos en el lapso de una década.
En otras palabras, las autoridades ambientales tratan de reducir los riesgos en proyectos petroquímicos e impedir la construcción de carreteras por hábitats o territorios de reservas naturales. Por eso, en el caso de que los lineamientos de China fueran más estrictos que los del segundo país —en este caso Colombia—, se debería hacer prevalecer los promulgados por China.
De la Circular para Regular la Inversión Extranjera y la Cooperación de Empresas Chinas de 2018, se puede destacar el numeral 3: Sistema de responsabilidad. En donde se estipula que la supervisión permanente por parte de las empresas y autoridades chinas competentes debe ser adelantada de tal manera que permitan gestionar las disputas, como aplica en el caso en cuestión.
Además, la responsabilidad aumentaría cuando se trate de empresas de propiedad estatal del gobierno central, pues se consideran “son la columna vertebral de la inversión y la cooperación extranjera”.
Quejas a oídos sordos
Ahora bien, el escaso conocimiento y la deficiente aplicación de estas directrices chinas, así como la vulneración de derechos ambientales y de las comunidades, llevó a que la Confederación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca amazónica (COICA) presentara en el 2018 el informe sobre la vulneración de los derechos humanos en las operaciones de las empresas chinas en países amazónicos, respaldado por un conjunto de organizaciones ambientales y derechos humanos.
Un ejercicio similar se adelantó por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), quienes junto con las organizaciones International Service for Human Rights (ISHR) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentaron el ‘Informe de medio plazo’ llamado Derechos humanos y actividades empresariales Chinas en Latinoamérica, que analiza la implementación por el gobierno chino de recomendaciones con relación a sus obligacionesinternacionales en el ámbito de las actividades de empresas de su país en Latinoamérica.
Después de una investigación realizada por CICDHA la cual incluyó 26 casos de los sectores minero, hidroeléctrico, petrolero en Latinoamérica, se encontró que los proyectos analizados afectan ecosistemas estratégicos y que existen patrones de abusos de derechos humanos y violación al derecho a vivir en un ambiente sano, y derecho a la participación y consulta. También se denunciaron desplazamientos forzados de las comunidades cercanas a las zonas de los proyectos.
El informe citado concluye que el gobierno de China no ha logrado cumplir ninguna de las seis recomendaciones que voluntariamente aceptó en el Examen Periódico Universal (EPU) de 2018. Lo cual es preocupante, teniendo en cuenta el papel preponderante que ha adquirido este país en la última década y el alto número de proyectos que adelanta en América Latina, especialmente en países como Colombia.
Al respecto, en un documento preliminar de la Asociación Ambiente y Sociedad, David Cruz, sociólogo e investigador del área de Financiamiento y Derechos Socioambientales de la organización, señala la importancia de China en Colombia, país que es el segundo socio comercial y que ocupa un lugar preponderante en los sectores de hidrocarburos, infraestructura, energía y agricultura.
Todas estas denuncias e investigaciones han sido, sin embargo, poco eficaces, debido a que no existen canales para dirigir estos reclamos. A esto se le suma el hecho de que las multinacionales no suministran datos actualizados e incluso algunos de los proyectos dicen no poder publicar información.
Incumpliendo las leyes colombianas
Por su parte, Karla Díaz, también investigadora de la Asociación Ambiente y Sociedad, hace énfasis en un artículo publicado en 2019, en los desafíos de asumir nuevos compromisos frente al aumento de la oferta de hidrocarburos en el piedemonte amazónico, particularmente por los incumplimientos de la empresa Emerald Energy de las obligaciones contenidas en la licencia ambiental en los Pozos.
Resulta difícil comprender el desempeño de la autoridad ambiental colombiana frente al caso Ombú, en un proceso que debería implicar decisiones claras y contundentes para que las comunidades puedan tener certezas, independientemente de si se ajustan o no a sus pretensiones.
Del resumen de actuaciones ocurridas hasta 2019, encontramos falta de datos sobre las mitigaciones o compensaciones por uso de agua, posibles errores en las coordenadas que conducirían a actividades por fuera de las áreas sustraídas, y falta de reutilización de aguas industriales. Además de afectaciones importantes sobre la fauna y flora del lugar, por las cuales se ordenó iniciar otro proceso sancionatorio.
En resumen, hay un incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA), mientras que los informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), no brindan información suficiente sobre el estado de los recursos implicados en la explotación.
Esta serie de procedimientos, a veces contradictorios entre sí, envían mensajes poco claros a las comunidades afectadas por la explotación y crean caminos tortuosos para reivindicar sus derechos.
Antes del trágico desenlace ocurrido el 2 de marzo, hubo interés por parte de miembros de la comunidad, de autoridades, de concejales por conocer a fondo el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por la empresa, pero dichas solicitudes tuvieron una respuesta incompleta e inconclusa por parte de la multinacional.
Desconcierta por eso que mientras se imponen multas a la empresa, no se solucionen las causas de la sanción, y acto seguido, se proceda a ampliar el área para avanzar en la exploración[ii].
Y a esto se suma, el incumplimiento de las directrices gubernamentales china en materia ambiental alejando las esperanzas por una efectiva protección ambiental.
Lamento el condenable desenlace ocurrido en San Vicente del Caguán, sector de Los Pozos, que dejó dos muertos: uno de la fuerza pública y otro de parte de los campesinos, en uno de esos trágicos empates del juego de la muerte que no acaba. A sus familias ofrezco todo el respeto.
Una versión de este artículo fue publicada en el medio colombiano La Razón Pública el 19 de marzo de 2023.
[i] El proyecto Ombu ocupa casi 16 mil hectáreas de la vereda Los Pozos de San Vicente del Caguán y se encuentra desde el 28 de abril de 2011. En 2013 la empresa China pausa sus operaciones por falta de productividad y aumento de costos y en 2014 reinicia operaciones.
[ii] El 7 de marzo de este año La petrolera Emerald Energy, radicó ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de Colombia, una carta formal solicitando la suspensión de operaciones en el bloque Ombú. Gobierno, comunidad y la empresa estudian los términos para definir la continuidad de las operaciones.
