Foto: Olinda City Hall por Flickr Creative Commons
Solo este año, la región de América Latina y el Caribe ha experimentado una serie de cambios políticos dramáticos. En países como Colombia y Brasil, “la tendencia principal es la de gobiernos populistas que tienen una perspectiva de extrema derecha”, explicó la Dra. Omaira Bolaños, Directora del Programa de América Latina en la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI). La Dra. Bolaños añadió que estos gobiernos “favorecen los intereses de corporaciones y urbanistas privados, por encima de los derechos de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas”.
Originaria de Colombia, la Dra. Bolaños es antropóloga y experta en derechos humanos, y ha dedicado las últimas dos décadas a promover los derechos colectivos de tenencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes, al igual que de las comunidades locales y de las mujeres rurales en América Latina. En el marco del septuagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Dra. Bolaños reflexiona en los retos que enfrentan las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en cuanto a sus derechos, así como en la forma en que estos grupos y sus aliados están aunando esfuerzos para abordar estos retos de forma conjunta.
P: Hace unos meses, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas publicó un informe que reveló que en todo el mundo están aumentando la persecución y los actos de violencia contra los pueblos indígenas que están defendiendo los derechos de sus comunidades. ¿Cuáles son algunas de las manifestaciones que usted ha observado en sus propias labores dentro de la región de América Latina?
R: El informe de la Relatora Especial fue muy importante y necesario en esta etapa de la historia, en términos de las tendencias actuales que estamos observando en América Latina. Históricamente, los pueblos indígenas de esta región siempre han vivido bajo la presión de diferentes intereses, especialmente de los actores del desarrollo. Pero a medida que aumenta la demanda de la clase media para obtener productos básicos cada generación necesita el uso recursos naturales, ha surgido una nueva “ola” de presiones por parte de la industria extractiva, incluidas las empresas mineras, que está irrumpiendo cada vez más en los territorios de los pueblos indígenas.
Estos pueblos viven en algunas de las tierras más preciadas del mundo, pues son áreas con una diversidad biológica de alto valor y ricas en recursos naturales, los cuales son muy importantes para la producción de productos básicos y para los mercados internacionales. Y a medida que aumenta la presión para tener acceso a estos recursos, los actores tanto estatales como no estatales han comenzado a cuestionar la necesidad de respetar los derechos relativos al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas, cuando se trata de tomar decisiones sobre proyectos que podrían repercutir en los medios de vida tradicionales de las comunidades indígenas y amenazan los recursos de los que dependen de ellos. Se ha planteado el argumento de que “los intereses económicos nacionales” tienen un mayor valor que los derechos de los pueblos indígenas y, por consiguiente, bajo la apariencia de esta premisa, se están violando y menoscabando los derechos de estos pueblos con relación al CLIP.
Se puede observar un ejemplo de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, una reserva de biosfera declarada por la UNESCO, la cual está ubicada en la región norte del país. Durante siglos, cuatro pueblos indígenas (Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo) han vivido en este territorio y se consideran a sí mismos como los guardianes de la Tierra. Estos pueblos se encuentran bajo una presión enorme por parte de las empresas mineras que están interesadas en explotar sus tierras y que han debilitado y violado sistemáticamente sus derechos para la realización de consultas previas. Hay cientos de empresas mineras que ya están realizando actividades en esta zona y más de 200 están esperando la obtención de permisos. Los fallos de la Corte Constitucional de Colombia han sido a favor de los derechos de estos grupos indígenas para la realización de consultas previas. Se habían establecido protocolos para ejercer sus derechos de consulta y para guiar las relaciones entre las comunidades y el sector privado. Pero, aun con todas estas medidas jurídicas y con el reconocimiento de la UNESCO, los intereses de la industria minera continúan restando importancia a los derechos de estas comunidades indígenas. Este es un tipo de violación que se puede observar de forma reiterada, no solo en Colombia sino también en toda la región.
Actualmente, también ha surgido un gran debate sobre el desarrollo de infraestructura y de carreteras que está afectando a las comunidades. Por ejemplo, en México los pueblos indígenas están haciendo valer sus derechos de consulta sobre un proyecto para un tren maya con el que se ha planificado atravesar los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas. Estos pueblos consideran que las únicas personas que se beneficiará de este proyecto son los turistas, así como la industria turística, y no las comunidades indígenas, cuya opinión no cuenta.
Por ultimo, se trata de si los gobiernos desean priorizar los intereses nacionales y el desarrollo económico a través de la extracción de recursos naturales en las comunidades indígenas, en vez de respetar los derechos que tienen estos pueblos a que se les consulte y a mantener sus formas de vida, las cuales han demostrado ser ambientalmente sostenibles.
P: En este mes se conmemora el septuagésimo aniversario de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuáles son los retos más urgentes y significativos en materia de derechos humanos que enfrentan actualmente las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas en América Latina?
R: Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas —los tres grupos que constituyen la mayoría de las poblaciones rurales— continúan sufriendo actos de discriminación debido a su raza, etnicidad, origen y formas de vida. En comparación con otras poblaciones en conjunto, estos grupos tienen un acceso muy limitado a los servicios, a la educación, al desarrollo y a la justicia.
Con respecto a los derechos de las comunidades afrodescendientes, se han logrado ciertos avances en la promulgación de reglamentos y el establecimiento de mecanismos para luchar contra la discriminación racial y promover la inclusión social. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer antes de observar resultados positivos, en la práctica, en las poblaciones afrodescendientes. Pocos países, como Brasil, Colombia, Ecuador y Nicaragua, han establecido reglamentos específicos sobre los derechos de los afrodescendientes a la tenencia de la tierra.
Los gobiernos de la región de América Latina y el Caribe adquirieron un compromiso conjunto para mejorar toda su legislación y sus programas relativos a los derechos de los pueblos afrodescendientes en el marco del Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015-2024. Este compromiso se adquirió como respuesta a una larga brecha histórica en el reconocimiento de los derechos de los pueblos afrodescendientes de la región. No fue hasta en fechas recientes que México, entre otros países, reconoció formalmente la existencia de los afrodescendientes como una población que forma parte integral de la nación. Esto se hizo después de que en 2015 una encuesta revelara que más de un millón de personas se identifican como afro-mexicanos. En Brasil, en meses anteriores, el Supremo Tribunal Federal amparó los derechos de las poblaciones afrodescendientes del país cuando falló a su favor con respecto a la constitucionalidad del Decreto 4887, el cual define los procedimientos para reconocer y entregar títulos de las tierras colectivas de las comunidades Quilombolas.
Cuando empecé a trabajar en RRI en 2009, mi misión personal era lograr que los derechos de los afrodescendientes a la tierra se situaran en un primer plano dentro de nuestras labores, junto con los derechos de los pueblos indígenas. En este momento, somos una de las pocas organizaciones que estamos trabajando para fomentar los derechos de tenencia colectiva de las comunidades afrodescendientes y deseamos continuar que este tema continúe estando presente.
Pero todavía queda mucho por hacer al respecto. Hay muchos retos que se deben superar. Se continúa criminalizando, asesinando y desplazando de sus tierras a las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas, así como a las mujeres indígenas. Estas comunidades continúan enfrentando un alto grado de discriminación y de presión, mientras que otros desean incorporarlas a las “corrientes principales” de la sociedad en general y eliminar sus formas tradicionales de vida.
P: En setiembre, poco tiempo después de la toma de posesión del nuevo mandatario colombiano, Iván Duque, usted escribió un artículo de opinión para el New York Times, en el que lo insta a tomar medidas para poner fin a la mayor cantidad de asesinatos sistemáticos de los líderes de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Ya han transcurrido cinco meses desde que el Sr. Duque asumió la presidencia. ¿Ha logrado el mandatario avances para alcanzar la paz y la seguridad, y para establecer derechos más sólidos para estas comunidades?
R: Mi artículo para el New York Times se originó precisamente por lo que está sucediendo en Colombia en este momento. Desde la firma del acuerdo de paz hace dos años, hemos observado un aumento en los asesinatos sistemáticos e individuales de los líderes comunitarios y ya estos asesinatos han alcanzado su apogeo. Todos los días, hay un líder asesinado en una comunidad afrodescendiente, en una comunidad indígena o en una comunidad campesina.
Pero los asesinatos sistemáticos de los líderes comunitarios no han cesado. Estos continúan.. Ha surgido una movilización nacional que está atrayendo atención al hecho de que el Decreto 2137 de 2018, que aprobó el gobierno para establecer la Comisión del Plan de Acción Oportuna (PAO) para defender a los líderes sociales, no está funcionando, pues los asesinatos no han cesado y la impunidad aún continúa.
Uno de los casos más críticos se relaciona con el pueblo Awá, el cual ha sufrido tantos asesinatos que casi ha llegado a un punto de extinción como grupo. Durante el conflicto interno ocurrido en las últimas décadas, este pueblo sufrió varias masacres y ahora que el conflicto ya ha cesado, la comunidad sigue siendo víctima de asesinatos sistemáticos. Hacetan solo unos días, toda una familia dela comunidad Awá fue asesinada. En julio de este año, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) presentó un informe que reveló que el 66 por ciento de los pueblos indígenas del país está en peligro de extinción.
Ha sido sumamente difícil para las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas poder proteger a sus líderes contra los asesinatos. Más o menos durante el tiempo en que publiqué este artículo de opinión, hubo una enorme movilización de la comunidad, tanto a nivel internacional como en el ámbito nacional, para que se abordará este problema y para presionar al gobierno a que firmara un decreto que ofrezca protección a los líderes comunitarios. Este artículo fue uno de los documentos que produjimos como apoyo a este llamado.
Otro asunto crítico es que recientemente 15 países de América Latina firmaron el Acuerdo de Escazú, el cual representa un compromiso para tomar medidas para proteger el medio ambiente y los derechos de los defensores ambientales, que en su mayoría son comunidades. Colombia no firmó el acuerdo y todavía estamos esperando que lo haga. Asimismo, la ONU aprobó recientemente una declaración sobre los derechos de las comunidades campesinas. Colombia tampoco votó a favor de esta declaración. Debido a todo esto surge la pregunta sobre si el gobierno colombiano realmente está tomando medidas serias para brindar protección a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.
P: En Brasil, estamos observando una amenaza similar para los derechos y los medios de vida indígenas, y el nuevo mandatario está dispuesto a eliminar medidas de protección de los territorios indígenas en el Amazonas. ¿Cuáles son las herramientas y los recursos que los defensores de los derechos indígenas y ambientales pueden utilizar para contrarrestar la explotación de sus recursos? ¿Qué pueden hacer otros para apoyar sus esfuerzos?
R: Recientemente, con la mayoría de votos, Brasil eligió a un gobierno que considera que los pueblos indígenas y afrodescendientes son una carga para el desarrollo y cree que el reconocimiento de sus territorios no tiene ningún valor. El nuevo mandatario prometió abrir el Amazonas para el desarrollo e hizo un llamado a la apertura de las tierras de los pueblos indígenas a los inversionistas, a las actividades petroleras, a la minería y a cualquier tipo de inversión en la región. Si el gobierno brasileño establece acciones y nuevos reglamentos para limitar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, esto podría dar origen a un nuevo proceso de reversión de derechos en la región.
Sin embargo, al mismo tiempo que está aumentando la presión en Brasil, Colombia y otras partes de América contra los derechos de estas comunidades, también estamos observando cómo diversas organizaciones indígenas, afrodescendientes y de la sociedad civil en general se están movilizando de una forma sin precedentes. Estas organizaciones han coordinado acciones para generar propuestas, para resistir la presión y para instaurar el diálogo y abordar las políticas que repercuten tanto en los pueblos indígenas y afrodescendientes como en otros grupos.
Algunas organizaciones están estableciendo estrategias muy específicas, tales como compromisos con diversos gobiernos regionales para continuar defendiendo sus derechos, aun incluso si el gobierno nacional no los escucha. Diversos grupos también han creado herramientas, como el mapeo de sus territorios y el suministro de información sobre la violación de derechos en sus regiones, y están compartiéndolas con otros que todavía no cuentan con este tipo de conocimiento.
Estamos observando cómo diversos grupos indígenas, afrodescendientes, campesinos y de mujeres están trabajando juntos con las organizaciones de la sociedad civil que son sus contrapartes. Estos grupos están aportando su conocimiento singular y destacando las contribuciones que realizan en el ámbito nacional. Esto forma gran parte de las labores que deseamos llevar a cabo en RRI para el próximo año: un análisis de las iniciativas empresariales que las mujeres de las comunidades afrodescendientes y campesinas ya están poniendo en marcha, con lo cual benefician tanto a sus familias como a sus comunidades.
Hay muchas formas en que podemos trabajar para detener el proceso de reversión de derechos. Ahora, los grupos indígenas, afrodescendientes, campesinos y de mujeres están mejor situados en diversas plataformas políticas, lo cual les permite establecer un diálogo directo con los gobiernos para plantear aspectos relativos al cumplimiento de los marcos legales, tanto nacionales como internacionales, para proteger sus derechos. Ellos han utilizado estos marcos nacionales e internacionales para luchar en los tribunales. Podemos ofrecer apoyo para que las personas se mantengan informadas —no solo sobre sus derechos, sino también acerca de las nuevas herramientas que pueden usar para continuar estando alertas— y avisarles cuáles son las amenazas que están surgiendo, tales como cambios en las políticas y las decisiones de los gobiernos que los afectarán. También estamos enlazando a diferentes organizaciones en varias regiones para facilitar la transferencia de conocimiento con respecto a todos estos temas y para lograr un impulso consolidado de sus derechos en este momento tan difícil.
P: Con miras al año 2019, ¿cuáles son las mayores oportunidades que observa para las comunidades indígenas y locales que luchan por el reconocimiento de sus derechos en América Latina?
R: Una de las bases principales del discurso en contra de los derechos de los pueblos indígenas es el argumento de que el hecho de otorgar derechos a las comunidades afrodescendientes e indígenas no permite que el resto de la sociedad tenga acceso a los recursos necesarios para el desarrollo, y que estos grupos no contribuyen al desarrollo económico de un país en su conjunto. Por ello, debemos continuar apoyando a los pueblos indígenas y a las comunidades locales para que fomenten sus propias iniciativas económicas, las cuales están contribuyendo al desarrollo nacional. Debemos continuar demostrando que los pueblos indígenas y las comunidades locales están contribuyendo a la conservación y a abordar el cambio climático. Muchas personas tienden a pensar en estos grupos sólo como beneficiarios de los proyectos, pero debemos demostrar que las comunidades indígenas, locales y afrodescendientes no solo están contribuyendo a los beneficios del país, sino también a los beneficios de todo el mundo.
Por ejemplo, en Perú, las organizaciones indígenas con las que trabajamos están elaborando una propuesta sobre las economías indígenas, la cual se presentará al gobierno para establecer una política pública sobre seguridad alimentaria. Su conocimiento especializado en este tema se basa en el hecho de que las comunidades indígenas y locales desempeñan una función vital, la cual por lo general se subestima, dentro del sistema alimentario mundial. De hecho, el 70 por ciento de los alimentos en el ámbito mundial proviene de los pequeños productores. Esto es algo que debe reflejarse en las políticas nacionales y representa un ejemplo sobre lo que están haciendo los pueblos indígenas y las comunidades locales para defender sus derechos, demostrando así al gobierno que no solo están protestando contra otras actividades económicas, sino que también están promoviendo iniciativas que pueden desarrollar el país.
Sobre la entrevistada: Omaira Bolaños es la Directora del Programa para America Latina de RRI. Tiene una vasta experiencia profesional trabajando en América Latina en temas relacionados con los derechos de tenencia colectiva de comunidades de los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes, desarrollo sostenible, justicia de género, política forestal y de tierras, modelos comunitarios de manejo de recursos naturales y conservación. Siga a Omaira en Twitter en @OmaBoca.