Esta entrada del blog forma parte de un comentario más amplio sobre ART-TREES, REDD+ jurisdiccional y soluciones basadas en la naturaleza. Lea el comentario completo aquí.
Las soluciones basadas en la naturaleza, se definen en términos generales rasgos, como soluciones a los retos sociales que implican trabajar con la naturaleza. Específicamente, implican una amplia gama de acciones que protegen, restauran y administran de forma sostenible, tanto los paisajes naturales como los modificados, para alcanzar los objetivos climáticos, de biodiversidad y de desarrollo sostenible.
Cuando se anclan en soluciones culturalmente apropiadas y en las prioridades autodeterminadas por las poblaciones locales, las acciones basadas en la naturaleza tienen el potencial de fortalecer sinergías, reducir tradeoffs [soluciones de compromiso], transformar las interacciones hombre-medio ambiente, e impulsar la transformación de todo el sistema eficazmente.
Desafortunadamente, estas estrategias se asocian cada vez más a acciones e inversiones más limitadas y potencialmente perjudiciales. Entre ellas se destacan las acciones compensatorias realizadas en una parte del mundo para amortizar los daños causados por otros en otros lugares.
Un ejemplo de ello es la creciente demanda de compensaciones climáticas y de biodiversidad que no tienen en cuenta los impactos históricos y sinérgicos de las emisiones de gases de efecto invernadero.
En ausencia de intervenciones políticas sólidas para frenar las emisiones en origen, descarbonizar las cadenas de suministro y fomenten el desarrollo de enfoques basados en los derechos humanos, la gran cantidad de la tierra necesaria para mitigar los factores externos de un sistema económico mundial creciente, y en gran medida insostenible, invariablemente exacerbará las desigualdades e injusticias actuales.
Lo que está en juego
En conjunto, los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los Pueblos Afrodescendientes tienen derechos consuetudinarios sobre más de la mitad de la masa terrestre mundial, pero sólo poseen legalmente el 10 por ciento de esta superficie, lo que los deja a ellos y a las zonas que administran, vulnerables a la creciente demanda de tierras, recursos naturales y a la búsqueda de soluciones basadas en la naturaleza.
Sin embargo, datos recopilados en la última década demuestran que garantizar sus derechos sobre la tierra, apoyando al mismo tiempo sus prioridades autodeterminadas y sus instituciones de gobernanza, representa con creces las soluciones más eficaces, equitativas y escalables que tenemos a nuestra disposición.
Los bosques de propiedad legal, o regidos, por comunidades, presentan menores tasas de deforestación ; almacenan más carbono ; están mejor protegidos ; y generan más beneficios para más personas que las tierras forestales administradas por entidades privadas o públicas.
Desafortunadamente, los pueblos rurales a nivel mundial enfrentan crecientes retos
Los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los Pueblos Afrodescendientes – especialmente las mujeres entre ellos – continúan siendo los más afectados por la violencia y la criminalización perpetradas contra los defensores del medio ambiente y de los derechos a la tierra, y con el pretexto de planes de recuperación de la pandemia, las comunidades se enfrentan ahora a un riesgo cada vez mayor de retroceso, disminución del espacio cívico, y crecientes amenazas a sus medios de vida y a su seguridad.
Según un estudio reciente de l’Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) y Campaign for Nature, entre 1.6 y 1.8 millones de personas del medio rural viven en importantes zonas de biodiversidad, y podrían verse afectadas por los planes de protección del 30 por ciento del planeta para 2030, potencialmente exponiéndolas a abusos de los derechos humanos y a los desplazamientos forzados que siguen afectando los esfuerzos de conservación a nivel mundial. Sin embargo, reconocer sus derechos de tenencia costaría menos del 1 por ciento del coste de la reubicación, además de generar mayores beneficios en cuanto a medios de vida y conservación.
Las condiciones para el cumplimiento de los derechos de las comunidades en el contexto de las iniciativas de reducción de las emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los bosques, no son sustancialmente mejores. Un análisis de 2021 de 31 países REDD+ realizado por RRI, con investigadores de la Universidad McGill, muestra que :
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- Sólo 3 países han reconocido legalmente los derechos de las comunidades a los créditos de reducción de emisiones, y otros 3 vincularon esos derechos a la propiedad de la tierra o de bosques
- Sólo la mitad de la superficie totale en manos de las comunidades en los países evaluados estaba legalmente reconocida, lo que hace que sus derechos sobre la tierra y el carbono corran el riesgo de ser captados por otros
- Sólo 5 de los países evaluados habían desarrollado mecanismos de distribución de beneficios, y sólo 2 tienen mecanismos de compensación y retroalimentación de reclamaciones funcionales
En términos más generales, los derechos comunitarios a la tierra simplemente no han sido una prioridad en los países REDD+, ni en las instituciones internacionales de financiación climática. Como se señala en un estudio reciente de la Rainforest Foundation Norway, menos del 1 por ciento del total de la financiación climática de la última década se ha destinado a apoyar las iniciativas de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, y sólo una fracción de esta cantidad se dedicó a garantizar sus derechos colectivos sobre la tierra y los recursos.
Entre de estos diversos desafíos, sigue habiendo motivos creíbles para el optimismo
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- La ciencia es clara: Para alcanzar los objetivos climáticos y de biodiversidad globales, primero debemos proteger la soberanía y la dignidad de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales sobre sus tierras, los conocimientos que poseen, y los valores a los que todos deberíamos adherirnos;
- La mayoría de los países con bosques tropicales cuentan con herramientas e instrumentos legales que podrían facilitar el reconocimiento legal de los derechos de tenencia comunitarios;
- Existe un mayor apoyo a las acciones climáticas, de conservación y de desarrollo sostenible basadas en los derechos, caracterizadas por la creciente coordinación y compromiso de los donantes;
- Muchas de las empresas e inversionistas más influyentes que demandan de soluciones basadas en la naturaleza están muy conscientes de los riesgos que genera la inseguridad de los derechos a la tierra, y están dispuestos a trabajar con la sociedad civil y los titulares de los derechos;
- Contamos con un sólido Estándar para los Derechos a la Tierra que apoya los enfoques basados en los derechos en el contexto de las acciones e inversiones en materia de clima, biodiversidad y desarrollo sostenible;
- Los titulares de los derechos están cada vez más conectados, coordinados y movilizados, involucrando eficazmente a los grupos nacionales e internacionales, promoviendo sus prioridades autodeterminadas, y haciendo que los actores e instituciones, públicas y privadas, rindan cuentas de sus acciones.
Al unísono, estos elementos ofrecen motivo de esperanza y a la vez fomentan el desarrollo de soluciones naturales, climatológicas y de la biodiversidad, basadas en los derechos.
