Nuevos datos consolidados desde los consejos comunitarios afrodescendientes y registros del Estado revelan que el gobierno de Colombia no ha respondido a 271 solicitudes de reconocimiento legal y titulación colectiva. Estos datos evidencian amenazas a la sostenibilidad cultural y ecológica de los territorios de las comunidades afrodescendientes y sus derechos establecidos por la Ley 70 de 1993, así como a la ejecución exitosa de los Acuerdos de Paz. Aunque todas las 271 comunidades han reclamado al Estado su titulación colectiva, el gobierno ha postergado el reconocimiento de estas reclamaciones—en algunos casos por más de una década.

“El reconocimiento de los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes es fundamental para  la conservación de ecosistemas vitales, para la supervivencia y el bienestar de estos pueblos, y en el contexto actual, es esencial para lograr una paz estable y duradera,” Johana Herrera, directora del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Pontificia Universidad de Javeriana, explicó en una entrevista previa al  lanzamiento del nuevo Sistema de Información que identifica y caracteriza las 271 reclamaciones sin respuesta.

El 12 de diciembre en Bogotá, Colombia se lanzaron los datos, la plataforma interactiva y el video que explica cómo manejarla. El evento – organizado por el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC) en articulación con la coalición La Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI por sus siglas en inglés), El Proceso de Comunidades Negras (PCN), y el Consejo Nacional de Paz Afrodescendiente (CONPA)—presentó los resultados de un trabajo colectivo de investigación que consolida toda la información oficial de los consejos comunitarios sin titulación y la actualiza con aportes de las comunidades afrodescendientes.

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El Sistema de Información es el primer instrumento técnico que contiene datos georreferenciada de los territorios de comunidades afrodescendientes sin reconocimiento legal y titulación colectiva. “[Este es] un trabajo colectivo, un trabajo participativo…Cada fuente de información [que encontramos] está dispersa, está desordenada, un problema de precisión… En términos de datos globales, estamos hablando de 271 solicitudes que en algún momento ingresaron a la base de datos del Estado,” explicó Johana Herrera durante el evento.

A pesar de que 271 comunidades han solicitado formalmente la titulación colectiva, el gobierno ha postergado las respuestas a estas reclamaciones, sin tomar ninguna acción administrativa. En algunos casos, las comunidades han esperado por más que una década. OTEC logró georreferenciar 148 de las solicitudes, las cuales representan un área de alrededor de 1 Millón de Has de tierras ancestrales. Esta área representa solamente una parte de los territorios reclamados por comunidades afrodescendientes, y la falta de reconocimiento legal y titulación ha vulnerado estas comunidades. Por ejemplo, del total 148 de los consejos comunitarios georreferenciados, 77 se encuentran altamente amenazados por megaproyectos de hidrocarburos, minería y proyectos viales.

Charo Mina, integrante del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA), aseguró en una entrevista que “Las comunidades de los Pueblos Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero han garantizado por varios siglos la sostenibilidad de recursos y ecosistemas naturales como parte integral de su noción y vivencia del territorio.”  Durante el lanzamiento, lideres afrodescendientes abordaron esta perspectiva y hablaron directamente con organizaciones indígenas y afrodescendientes, entidades de Estado y la prensa sobre su vivencia del territorio y la amenaza de la degradación de su cultura, ecosistemas y reclamaciones frente a la falta de reconocimiento del Estado y desafíos del desarrollo de megaproyectos y las alternativas para superar esta situación.

Astolfo Aramburo, vocero por PCN, enfatizó en el evento, que la ejecución de la reforma agraria de los Acuerdos de Paz puede amenazar las reclamaciones ancestrales y el bienestar de las comunidades. Mientras los Acuerdos de Paz tiene un enfoque de acceso equitativo y democratización de la tierra, al menos 100 solicitudes examinados por OTEC coinciden con áreas que el Estado pretende disponer como ‘baldíos’. Estos baldíos se van a redistribuir como parte del reforme agraria y desarrollo rural de los Acuerdos de Paz, y al no resolver el traslape de derechos territoriales, puede resultar en más conflicto en el futuro. También puede resultar en una regresión del beneficio histórico de derechos afrodescendientes promulgado en la Ley 70 de 1993, la cual reconoce la propiedad de la tierra y esquema colectivo de las comunidades negras.

“Es necesario entablar una discusión nacional frente a los ‘baldíos’ que el Estado pretende disponer para los puntos de reforma y desarrollo rural del acuerdo. Si bien la agenda de paz intenta reformar la estructura del campo en Colombia, esta no se puede dar a merced del despojo de la propiedad colectiva de los pueblos étnicos,” indicó Aramburo.

A la vez que la nueva plataforma de información demuestra la gravedad de no responder a las solicitudes de titulación colectiva, también se ha presentado como una contribución de las comunidades y sociedad civil que permita al Gobierno Nacional tomar decisiones con base en estos datos y prevenir o mitigar conflictos relacionados con el traslape de territorios.  Tomar medidas para responder a estas reclamaciones puede conservar no sólo la cultura de comunidades Afro-descendientes, sino sus diversos ecosistemas, y contribuir a construir una paz duradera en el país.

Para conocer más sobre este proyecto y ver los datos de cada consejo comunitario, visita la plataforma interactiva aquí y el análisis aquí.

Sobre la autora: Mary Alice Jackson es la pasante del programa de América Latina de RRI.