La siguiente es una Declaratoria de Emergencia de Derechos Humanos para los defensores Indígenas de la Amazonía escrita por la COICA y respaldada por sus organizaciones miembros. Es un llamado a la acción para los gobiernos de los nueve países amazónicos, las organizaciones internacionales de derechos humanos y las organizaciones y aliados de los defensores de los derechos humanos, incluyendo las Naciones Unidas (ONU), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y sus organizaciones miembros de los nueve países de la cuenca amazónica:

• AIDESEP, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana.
• APA, Asociación de Pueblos Amerindios de Guayana.
• CIDOB, Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano.
• COIAB, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña.
• CONFENIAE, Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana.
• OPIAC, Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana.
• ORPIA, Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas (Venezuela).
• OIS, Organizaciones Indígenas de Surinam.
• FOAG, Federación de Organizaciones Autóctonas de Guayana Francesa.

Frente a la alarmante situación de los asesinatos de nuestras hermanas y hermanos Indígenas de los países amazónicos, que muestran la vulneración sistemática de los derechos humanos, agravada en el contexto de la pandemia del COVID-19 y que amenaza con la pervivencia de los pueblos Indígenas y la protección de la Amazonía.

CONSIDERANDO:

Que, en el año 2020 se registraron 263 asesinatos contra defensoras y defensores de derechos humanos en América Latina, de los cuales 202 de ellos sucedieron en países de la cuenca amazónica (Bolivia, Brasil, Colombia y Perú), representando el 77% de los casos.

Que, el 69 % de estos asesinatos que se presentaron en el 2020 fueron contra líderes y lideresas que trabajaban en la defensa del territorio, medio ambiente y los derechos de los pueblos Indígenas.

Que, solo en el primer trimestre de 2021, se registran 19 asesinatos de hermanas y hermanos Indígenas (Colombia y Perú), quienes defendían los derechos de los pueblos Indígenas y la madre naturaleza.

Que, detrás de los asesinatos a defensoras y defensores Indígenas de derechos humanos y la madre naturaleza, existen problemas estructurales vinculados directamente con el avance de las actividades extractivas que responden a intereses de las corporaciones con acuerdos estatales que impulsan extracción hidrocarburífera y minería indiscriminada, la deforestación agresiva, narcotráfico, militarización y la presencia de un conflicto armado que ha sido silenciado diplomáticamente y que atenta contra la integridad física y cultural de nuestros pueblos.

Que, la falta de titulación de los territorios Indígenas, representa unas de las mayores amenazas, ya que, la mayoría de asesinatos se han dado por la labor de defensa del territorio y por sus acciones a favor de la titulación del mismo.

Que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha establecido que la pérdida de los/as líder/esas representan un daño al tejido social de los pueblos Indígenas y una voluntad expresa de silenciar nuestras voces, con lo que se perturba la organización y la estructura organizativa porque se obstaculiza la capacidad para expresar las preocupaciones sobre las cuestiones que afectan a nuestras comunidades.

Que, el derecho a la vida es el derecho más importante del ser humano en tanto es a partir de este que se efectivizan los demás derechos y está consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que el derecho a la vida es un “derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido.”

Que, conforme el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, establece en su artículo 2 que “los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.”

Que, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, afirma en su artículo 7 que “las personas Indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona.” Además, determina que “los pueblos Indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.”

Que, COICA es una instancia de convergencia internacional, que representa a más de 511 pueblos Indígenas e incluyendo 66 Pueblos en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial, que orienta sus esfuerzos a la promoción, protección y seguridad de nuestros territorios, con nuestras formas de vida, principios y valores sociales, espirituales, culturales, políticos y económicos.

Ante lo expuesto y la vulneración evidente de los derechos humanos de los pueblos Indígenas en la cuenca amazónica, RESOLVEMOS:

• Declarar la emergencia de derechos humanos de las defensoras y defensores Indígenas de la Amazonía.
• Fortalecer el Programa de COICA de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas, a través de una hoja de ruta trabajada en conjunto con nuestros aliados, para evitar que nuestros líderes y lideresas sean carne de cañón de la represión extractivista, frenar la persecución, proteger a sus familias y comunidades, y desarrollar acciones legales, políticas y judiciales, ante instancias nacionales e internacionales, frente a gobiernos que destruyen la Amazonía y reprimen a nuestros pueblos; en cumplimiento al Mandato de Macapá.
• Elevar la presente Declaratoria a los organismos internacionales competentes.

A los Gobiernos de los 9 países amazónicos, EXIGIMOS:

• Adoptar una política efectiva de protección de los derechos humanos de las defensoras y defensores Indígenas de la Amazonía, sabiendo que están en una situación de alta vulnerabilidad, especialmente en los sectores fronterizos donde está expuestos a situaciones sistemáticas de abandono y desatención estatal, presión de actores armados regulares e irregulares, imposición de actividades extractivas o forestales generadoras de despojo, situación que puede llegar a constituir un genocidio por omisión.
• Realizar acciones urgentes de investigación en coordinación con los diferentes niveles de gobierno y las autoridades Indígenas respectivas, de las actividades extractivistas ilegales reportadas en territorios Indígenas, para su efectiva erradicación.
• Garantizar la titulación de los territorios de los pueblos Indígenas, incluyendo delimitación, demarcación y saneamiento, con la debida participación de las organizaciones Indígenas representativas y basados en el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos Indígenas garantizados en los instrumentos internacionales, que permita salvaguardar la pervivencia de las selvas y culturas y frenar las presiones destructivas del extractivismo y la desintegración cultural y social.
• Respetar los procesos de autonomía y autogobierno territorial de los pueblos Indígenas de la cuenca amazónica, como una alternativa que fortalece nuestra gobernanza propia, garantizando de esta forma nuestros derechos individuales y colectivos,  permitiendo evitar las agresiones a nuestros territorios y detener el hostigamiento, persecución, criminalización, violaciones y asesinatos.
• Ratificar y priorizar la implementación del Acuerdo de Escazú, que incluye la disposición de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos  y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

A las instancias internacionales de acuerdo a sus funciones y competencias, DEMANDAMOS:

• A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, basados en los datos expuestos, pronunciarse y requerir información a los gobiernos de la cuenca amazónica sobre las acciones implementadas de prevención, atención y reparación para nuestras hermanas y hermanos Indígenas víctimas de amenazas y asesinatos por la defensa de nuestros territorios y nuestras A las Naciones Unidas, presentar un informe de seguimiento sobre los asesinatos de defensoras y defensores Indígenas de la cuenca amazónica y formular recomendaciones a los Estados de los 9 países amazónicos, para prevenir y reparar las violaciones de los derechos de los pueblos Indígenas.
• Al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, que haga suya esta declaratoria en el marco de la celebración de su 20va sesión, a ejecutarse del 19 al 30 de abril de 2021, e inicie un proceso para diseñar y adoptar una recomendación general sobre las defensoras y defensores Indígenas, incluyendo acciones de prevención y atención, en específico la titulación de territorios Indígenas como mecanismo de erradicación de actividades ilegales.
• A la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), como secretaría técnica, que conjuntamente con los gobiernos de la región parte del Acuerdo de Escazú, aperturen el proceso de negociaciones de la COP para Escazú, con  la participación  de las organizaciones Indígenas e incluyan en el comité de cumplimiento e implementación del Acuerdo a delegados de los pueblos Indígenas de la Amazonía.

Finalmente, EXHORTAMOS a los organismos internacionales de derechos humanos, a las organizaciones y aliados que defiende la vida de las defensoras y defensores, a unirnos e implementar un plan de acción que permita salvaguardar la vida de las lideresas y líderes de los pueblos Indígenas de la Amazonía, cuyo único objetivo es proteger el territorio y preservar la vida del bosque tropical más grande del mundo, para las actuales y futuras generaciones.

Es hora de dejar de invisibilizar los hechos de sangre y dolor en nuestros territorios amazónicos, que mantienen los asesinatos de nuestras hermanas y hermanos en la impunidad y pone en riesgo nuestra pervivencia como pueblos Indígenas.

¡Amazonía Viva, Humanidad Segura!

Quito, 14 de abril de 2021.

CONSEJO DIRECTIVO DE LA COICA – CDC

José Gregorio Díaz Mirabal, Coordinador General COICA

Tuntiak Katán Jua, Vicecoordinador General COICA

Elcio Da Silva Manchineri, Coordinador de Territorios y Recursos Naturales

Adolfo Chávez Beyuma, Coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación

Tabea Casique Coronado, Coordinadora de Educación, Ciencia y Tecnología

Michael John McGarrell, Coordinador de Políticas y Derechos Colectivos

Irvin Ray Harvey Ristie, Coordinador Comunicaciones y Salud

Harol Rincón Ipuchima, Coordinador de Medio Ambiente Cambio Climático y Biodiversidad

Claudette Labonté, Coordinadora de la Mujer y Familia

CONSEJO DE COORDINACIÓN DE LA COICA – CCC

Marlon Richard Vargas, Presidente CONFENIAE (Ecuador)

Tomas Candia, Presidente CIDOB (Bolivia)

Lizardo Cauper, Presidente AIDESEP (Perú)

Eligio Da Costa Evaristo, Presidente ORPIA (Venezuela)

Julio Cesar López, Presidente OPIAC (Colombia)

Sirito Yana Aloema, Presidente OIS (Surinam)

Thomas Lemmel Benson, Presidente APA (Guyana)

Francinara Soares, Coordinadora de COIAB (Brasil)

Oscar Daza Gutierrez, Coordinador de Derechos Humanos de la OPIAC DEFENSA DE DEFENSORES

Para obtener más información sobre cómo participar y actuar hoy mismo, visite el sitio web de COICA Amazonía.

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