Ocho comunidades locales del norte de Ecuador son víctimas del llamado «acaparamiento verde» (apropiación de tierras y recursos con fines medioambientales) por parte de una empresa privada de servicios medioambientales. Para defender sus derechos consuetudinarios en ausencia de títulos colectivos de propiedad de la tierra, las comunidades han lanzado una campaña de defensa polifacética con el apoyo de RRI. He aquí cómo se desenvuelve el complejo y a menudo corrupto mundo de la compensación de carbono.
El 23 de marzo, Lidia Dávila testificó ante un grupo de más de 80 personas en la tribuna de la fiscalía del cantón de Otavalo (Ecuador). Lidia, quien es presidenta del Comité de Tierras de la parroquia Selva Alegre en la provincia de Imbabura, y otros tres dirigentes fueron convocados por presunto secuestro extorsivo en contra de los empleados de Servicios Ambientales Rainforest Ecuador (RFEE), por negar el ingreso de esta empresa a sus territorios.
RFEE pretende vender créditos de carbono basándose en títulos de propiedad fraudulentos en Ecuador. Estos títulos incluyen territorios de 8 comunidades locales, entre ellas la familia de Lidia, que habitan la zona desde hace más de 100 años.
La disputa entre las comunidades y la RFEE comenzó en 2020, cuando la empresa adquirió un título fraudulento que abarcaba 9.190 hectáreas en el corredor biogeográfico del Chocó de la región Andina de Ecuador, que incluye la region occidental de las provincias de Pichincha, Imbabura y San José de Minas. Estas zonas albergaban varios bosques protegidos y las tierras ancestrales de cientos de familias locales.
Pocos días antes de que Lidia y sus tres compañeros comparecieran en la fiscalía, empleados de la RFEE habían intentado entrar a propiedades privadas de miembros de la comunidad de Selva Alegre para fotografiar la zona. Sin embargo, la comunidad les había impedido la entrada, pidiéndoles la prueba de un permiso judicial que certificara que su título no era fraudulento. Esta restricción impuesta por las comunidades fue el inicio de la criminalización de los cuatro líderes de Selva Alegre.
El proyecto con ánimo de lucro de RFEE para las tierras de las comunidades se titula «Conservación y gestión sostenible del bosque nublado de UKUMARI», y tiene como objetivo la venta de créditos de carbono a través de los gobiernos ecuatorianos.
Las comunidades y sus aliados, incluido RRI, iniciaron una campaña de defensa y movilización, que apoya a las comunidades a través de la Fundación ALDEA (una organización sin ánimo de lucro que apoya los derechos medioambientales y sociales de las comunidades indígenas y locales de Ecuador).
Una importante victoria de las comunidades se produjo cuando lograron demostrar al organismo internacional de certificación VERRA, la necesidad de rechazar la certificación del proyecto, que la empresa exige para solicitar fondos internacionales de créditos de carbono. El rechazo se produjo a raíz de una carta dirigida a VERRA por Rainforest Concern y PARE, socios de las comunidades, en la que se ponían de manifiesto las irregularidades del proyecto y se exigía una investigación*.
Sin embargo, el objetivo de las comunidades va más allá: anular el título de propiedad de RFEE para no correr más el riesgo de ser desposeídas de sus tierras. Para ello, han creado un Laboratorio de Restauración de Tierras con el apoyo de RRI a través de la Fundación ALDEA, una plataforma para crear diversas herramientas de defensa de sus derechos sobre la tierra y seguir conservando sus territorios.
¿Cómo funciona el Laboratorio de Restauración de Tierras?
El laboratorio está financiado por el Mecanismo de Respuesta Estratégica (SRM) de RRI. Sus actividades hasta ahora incluyen una estrategia mediática, una estrategia de comunicación dirigida por jóvenes de la comunidad y talleres para formar a los miembros de la comunidad en cartografía territorial mediante el uso de la tecnología. Estos talleres dieron como resultado la creación de un mapa interactivo y un documental que pone de relieve los conflictos territoriales a los que se enfrenta Selva Alegre y las parroquias vecinas, que se presentó públicamente en abril de 2023.
El Laboratorio de Tierras fue creado por un comité formado por los líderes de las comunidades afectadas por el proyecto. Tras su creación, los miembros del grupo recibieron formación en SIG y cartografía participativa, lo que les permitió identificar las propiedades de las familias afectadas y localizar las zonas que reclama la empresa.
«Gracias a esta cartografía, ahora puedo decir que el 90 % de las 80 hectáreas de tierra de mi padre están afectadas por este proyecto,» afirma Lidia Dávila.
El Laboratorio de Restauración de Tierras elaboró un mapa interactivo que recopila datos y entrevistas con miembros de la comunidad local, demostrando que estos territorios han sido habitados desde hace más de 100 años por colonos rurales que llegaron inicialmente desde San José de Minas en busca de un futuro mejor.Otros llegaron más tarde motivados por las leyes de Reforma Agraria y Colonización (1964, 1972, 1994) que otorgaban títulos a los colonos que limpiaban la tierra de bosques como prueba de «uso productivo».
Consulta el mapa aquí.
«Yo llegué hace sólo 28 años, pero este territorio pertenece a las comunidades locales desde mucho antes. Nuestra finca era de mis suegros, pero antes también hubo otros propietarios que compraron a otros. Son tierras que han sido habitadas desde hace muchos años por campesinos que venían a pie desde San José de Minas, creaban trochas que los llevaban a lo que ahora sería Pamplona, una de las primeras comunidades de la parroquia Selva Alegre,» dice Clara Chuga.
Chuga es la presidenta de la comunidad de Pamplona, en la provincia de Imbabura, y maestra de la única escuela de esa comunidad, que también está dentro de los territorios reclamados por la empresa. Clara es otra de los cuatro dirigentes criminalizados por la RFEE.
Además del mapeo, la Fundación ALDEA con el apoyo de la Escuela de Cine Comunitario Sacha Manchi también capacitó a las comunidades de Selva Alegre en video participativo y filmó un documental para visibilizar el conflicto que enfrentan las comunidades. Según la Fundación, el 70 porciento de las comunidades afectadas se encuentran en un tercio del territorio que la empresa pretende expropiar ubicado en la provincia de Imbabura, mientras que el resto de la zona en conflicto se encuentra en la provincia de Pichincha, en la parroquia San José de Minas.
El video documental, titulado Selva Alegre, Tierras en Conflicto, recoge la historia oral de estas comunidades y su lucha contra el despojo. El documental, estrenado el 4 de abril de 2023, puede verse aquí:
Al participar en la producción del documental, los miembros de la comunidad adquirieron valiosos conocimientos para dar a conocer su difícil situación al público internacional.
«Ahora podemos filmar un evento y tomar fotografías de mejor calidad para tener pruebas, realizar entrevistas y mostrar lo que sucede en nuestras comunidades, algo que antes no teníamos y que la empresa aprovechó para atacarnos de diferentes maneras,» afirma Clara Chuga.
Según Lidia, tras la publicación del vídeo documental y el mapa interactivo, RFEE intentó llegar a un acuerdo con las comunidades: la empresa retiraría los cargos de secuestro si dejaban de oponerse a su proyecto. Las comunidades rechazaron este acuerdo.
Así pues, las comunidades se enfrentan a grandes batallas. La acusación contra Lidia, Clara y sus compañeros de secuestro extorsivo sigue abierta. Una solicitud de apoyo jurídico firmada por más de una docena de líderes comunitarios fue denegada por la Defensoría del Pueblo.
«No nos sentimos protegidos por el Estado ecuatoriano. La Defensoría del Pueblo nos sugirió que cada familia que se sintiera perjudicada por la RFEE tuviera su propio abogado para defender su caso. Es como si dijeran: Si tienen dinero, pueden defenderse. Por otro lado, la alcaldía nos dirigió a la Oficina de Avaluos y Catastro que nos pidió actualizar nuestros títulos de propiedad con coordenadas topográficas, algo que no tenían las antiguas escrituras.Ahora cada persona debe pagar y coordinarse para defender su propiedad», explicó Lidia.
Debido a que los comuneros no cuentan con los medios económicos para defenderse del poder empresarial y la apatía estatal, ALDEA y la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador (ADHE) están creando una propuesta para obtener apoyo para la defensa legal de los dirigentes de Selva Alegre y la integridad de sus legítimos derechos a la tierra.
La persecución de los créditos de carbono
La apropiación fraudulenta de las tierras de las comunidades comenzó mucho antes de que la RFEE adquiriera su título.
En 2005 una particular llamada Martha Pinto vendió 80 hectáreas a una empresa llamada UCPEIN que realizó una «inspección» judicial para ampliar la propiedad de 80 a 9190 hectáreas. utilizando mecanismos fraudulentos, también mencionados en un informe de 2019 de la Contraloría de Ecuador.
Con este título, los dueños de la empresa UCPEIN «vendieron» el terreno a su madre (iniciales: MCVT) quien entre 2009-2015 recibió más de 150 mil dólares en pagos de incentivos a la conservación por parte del Programa Socio Bosque del Ministerio del Ambiente de Ecuador. Una denuncia de las comunidades afectadas obligó al programa a realizar una serie de cuatro inspecciones en las que se confirmaron las irregularidades.
Como resultado, Socio Bosque suspendió los pagos y en 2015 rescindió el convenio y exigió la devolución de todos los fondos recibidos. Hasta la fecha, MCVT (UCPEIN) nunca realizó la devolución y, en su lugar, vendió la propiedad con el falso título de propiedad de 9190 hectáreas a RFEE.
El uso de compensaciones de carbono por parte de empresas privadas no es una práctica nueva en la conservación. Según el Financial Times, esta modalidad se atribuye a Sheryl Sturges, directora ejecutiva de una central eléctrica de carbón, que en 1987 propuso compensar las emisiones de CO2 de la central cultivando árboles en Guatemala. El coste del proyecto fue mínimo para la empresa, lo que atrajo la atención de compañías en todo el mundo dedicadas a diversos procesos.
A medida que prácticas como éstas se hacen más comunes, han surgido disputas en casos en los que actores privados no respetan los derechos de las comunidades locales a sus tierras/territorios y medios de subsistencia, y del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), y no ofrecen compensaciones bajo los esquemas del mercado de carbono por el carbono secuestrado en sus territorios.
El pago de estos créditos ha sido cuestionado tambien por Pueblos Afrodescendientes e Indígenas en países como Colombia, debido a la escasa regulación por parte de los gobiernos, mientras que VERRA ha sido foco de quejas por la falta de seguimiento de las empresas certificadas.
En el caso de Ecuador, las comunidades locales de las regiones de San José de Minas y Selva Alegre, en Pichincha e Imbabura, dependen de la agricultura y la ganadería de subsistencia para su sustento. Según el agrónomo y conservacionista José Cueva, entre 2002 y 2010, los gobiernos parroquiales y las comunidades locales de ambas zonas estuvieron trabajando en una iniciativa para declarar las zonas de Paso Alto y Quinde como reservas forestales protegidas comunitarias.
Aunque Paso Alto fue declarado legalmente por el Ministerio del Ambiente (MAE) en 2010, la solicitud para el Bosque Quinde fue denegada ya que el programa Socio Bosque del MAE había concesionado recientemente toda el área a MCVT (UCPEIN) para recibir «incentivos de conservación» de más de 30.000 dólares anuales.
Con miras hacia el futuro
Todas estas herramientas de comunicación buscan acompañar la estrategia legal que llevan adelante las comunidades y ayudar a fortalecer la protección y gobernanza de los territorios.
Después de presentar públicamente estos resultados y demostrar el empoderamiento popular organizado, las comunidades de Selva Alegre, San José de Minas y Quichinche continuarán con los procesos legales para anular el falso título de propiedad de la RFEE.
A partir de ahí, las comunidades esperan llevar a cabo finalmente sus planes para conservar y gobernar sus tierras y bosques utilizando sus conocimientos tradicionales y adoptando sistemas agroforestales regenerativos, así como creando oportunidades de subsistencia como el ecoturismo comunitario.
*Desde que el proyecto UKUMARI fue rechazado por VERRA, el nombre del proyecto ha cambiado a «Bosque de Neblina en el Chocó Andino»
