Nueva York (11 de marzo de 2025)—Mientras la comunidad mundial se reúne para el 69º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI, por sus siglas en inglés) publicó el día de hoy un nuevo e inquietante informe que revela que desde 2016, los derechos forestales de las mujeres comunitarias han registrado un avance muy limitado —y en muchos casos, estancamiento— en 35 países, abarcando el 80 por ciento de los bosques de África, Asia y América Latina. El informe, Resiliencia y Resistencia, advierte que de no tomarse medidas urgentes por parte de gobiernos, individuos responsables del diseño de políticas, donantes y aliadas, tal disparidad amenaza tanto los medios de vida de las mujeres y sus comunidades, como la lucha por combatir el cambio climático, proteger la biodiversidad e impulsar el desarrollo sostenible en todo el mundo.
Las mujeres Indígenas, Afrodescendientes y de comunidades locales desempeñan un papel clave en la aceleración de múltiples agendas globales, al garantizar la seguridad alimentaria en sus comunidades y prevenir la deforestación en los territorios que ocupan y gestionan, mismos que representan alrededor de la mitad de las tierras del planeta. Sin embargo, a pesar de constituir la mitad de las 2 mil 500 millones de personas Indígenas y de áreas rurales que dependen de tierras y bosques de propiedad colectiva y tras casi una década de avances en derecho internacional y de reformas legislativas a nivel nacional, el informe revela que en 2024 sólo el 5 por ciento de marcos legales sobre tenencia forestal comunitaria protegen adecuadamente los derechos de liderazgo de las mujeres a nivel comunitario.
En base a los últimos datos recopilados mediante la Metodología de Género de RRI, se destaca también que sólo el 13 por ciento de los marcos legales reconocen el derecho de herencia de las mujeres comunitarias y el 2 por ciento reconocen sus derecho de voto —derechos fundamentales para que las mujeres Indígenas, Afrodescendientes y de comunidades locales aseguren y gestionen las tierras forestales de las cuales han dependido por generaciones.
Si bien todos los países analizados han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), ninguno se encuentra remotamente cerca de cumplir con sus obligaciones jurídicas de proteger los derechos de las mujeres comunitarias a pertenecer como miembros a sus comunidades, a la gobernanza, la herencia y la resolución de conflictos. A menos de cinco años para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible, el escaso progreso observado entre 2016 y 2024 señala las pocas probabilidades de que los gobiernos logren alcanzar los objetivos de igualdad de género para el2030 si no se implementan acciones rápidas y con un enfoque transformador de género para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos.
«El avance global y regional hacia el logro del ODS 5 sobre igualdad de género, las obligaciones de los Estados derivadas de la CEDAW y los objetivos estratégicos de la Declaración de Beijing continua siendo alarmantemente insuficiente», dijo la Dra. Solange Bandiaky-Badji, Coordinadora de RRI.
«Quedan sólo cinco años para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030; nuestro informe se basa en datos existentes sobre tierras y género e insiste en que el mundo aún tiene mucho por hacer para alcanzar dichos objetivos. Para lograr los ODS sobre los derechos de las mujeres, se debe priorizar, financiar y acelerar el reconocimiento de los derechos a la tierra y los recursos de las mujeres Indígenas, Afrodescendientes y de comunidades locales de acuerdo a las leyes internacionales de derechos humanos.»
«La falta de avances significativos para garantizar los derechos de tenencia de las mujeres comunitarias constituye una violación directa de sus derechos humanos, autonomía individual, libertad personal, seguridad, privacidad e integridad», dijo la Dra. Omaira Bolaños, Directora de Justicia de Género de RRI.
«Los derechos esenciales para que las mujeres comunitarias definan su relación y la de sus comunidades con los recursos forestales —el derecho de voto y de liderazgo— siguen recibiendo el menor grado de protección adecuada en el marco de la legislación nacional, situación que limita su capacidad para desafiar las normas discriminatorias de género y para participar de manera significativa en las decisiones clave que les afectan.»
A pesar de los contratiempos mencionados, se observan señales de avance debido a la resiliencia e incansable incidencia de las mujeres comunitarias, quienes por generaciones han luchado por un lugar en la mesa de sus comunidades y en los ámbitos políticos y normativos. Desde 2017, cuando RRI publicó la histórica primera edición de este informe, titulado Poder y Potencial, la importancia de reformas respecto a la legislación de tierras con perspectiva de género ha ganado mayor aceptación a escala mundial. Asimismo, se observa un ligero aumento proporcional, con el 20 por ciento, de los 104 marcos legales analizados, reconociendo el derecho de las mujeres comunitarias a la resolución de conflictos y al 29 por ciento, su derecho a pertenecer como miembros a sus comunidades.
«Estamos aprendiendo cómo podemos apoyar a las mujeres de las bases para que puedan tomar decisiones acerca de su gobernanza y su propio liderazgo, de sus leyes y políticas, a nivel local y regional, para informar políticas a nivel mundial», dijo Loretta Alethea Pope, Directora Ejecutiva de la Fundación para Iniciativas Comunitarias (FCI) en Liberia y miembro de la Alianza de Mujeres del Sur Global (WiGSA).
Hallazgos regionales
Los países de África han adoptado la mayor cantidad de reformas legales desde 2016. No obstante, los 13 países analizados exhiben el grado más bajo de avance en los derechos de tenencia forestal de las mujeres Indígenas y de comunidades locales a nivel regional. África es la única región que carece de un marco legal que proteja adecuadamente el derecho a voto de las mujeres comunitarias.
En Mali, República del Congo y Madagascar, tres reformas a marcos jurídicos redujeron protecciones existentes de los derechos de las mujeres comunitarias. Igualmente, otra reforma sin distinción de género ocurrió en Mali, regulando las instancias de voto comunitarias, sin atención o referencia al derecho de las mujeres a votar en los órganos de gobernanza comunitarios. Sólo una reforma en Kenia produjo avances específicos en el derecho de liderazgo de las mujeres.
En Asia, los 11 países analizados muestran el más alto grado de avance proporcional en los derechos de las mujeres Indígenas y de comunidades locales a los bosques comunitarios. Sin embargo, Asia es la única región donde un país (Indonesia) sigue sin ofrecer protección constitucional igualitaria a la mujer. Aunque en Tailandia, Nepal, Indonesia y la República Democrática Popular de Lao se aprobaron reformas con ciertas disposiciones positivas, algunos países asiáticos también implementaron disposiciones ignorando los derechos de la mujer (Indonesia, Myanmar y Filipinas) que eliminan protecciones previas para las mujeres al nivel de implementación de sus derechos, como la eliminación de requisitos de incluir a las mujeres en el registro catastral (República Democrática Popular Lao). Otros países, como Vietnam y Camboya, disminuyeron los derechos forestales de las mujeres comunitarias mediante reformas jurídicas regresivas.
En comparación con otras regiones, América Latina ofrece la protección menos adecuada de los derechos de mujeres Indígenas, Afrodescendientes y de comunidades locales. En particular, se avanzó poco en el caso de las mujeres comunitarias y sólo dos países (México y Perú) implementaron reformas positivas respecto al derecho al voto de las mujeres. El estancamiento en el reconocimiento de los derechos de las mujeres comunitarias no refleja la realidad de sus luchas, contribuciones y sacrificios en la región, aunque Latinoamérica es también la única región que no ha registrado retrocesos legislativos en el reconocimiento de los derechos forestales de las mujeres comunitarias entre 2016 y 2024.
«Las mujeres comunitarias desempeñan un papel esencial en la gestión de los bosques y los recursos naturales del mundo. Las leyes y políticas que nos afectan no pueden dejarnos atrás», afirmó Ketty Marcelo López, líder peruana de la comunidad Indígena asháninca de Pucharini y Presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), integrante de WiGSA. «
Las reformas con enfoques transformadores de género que reconozcan los derechos específicos de las mujeres Indígenas, Afrodescendientes y de comunidades locales deben ser una prioridad en el papel y en la práctica a fin de tener algún tipo de esperanza de alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 en los próximos cinco años.»
