Inclusión de los derechos humanos, étnicos y de género en las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) de Colombia y Perú

En diciembre de 2015 se adoptó el Acuerdo de París, en la Conferencia de las Partes 21 (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). En 2020 se cumplieron los primeros cinco años de haber presentado las propuestas de las NDC e inicia su implementación, para lo cual los países debían actualizar y comunicar sobre los avances de sus NDC. Este estudio realizado por Asociación Ambiente y Sociedad, ONAMIAP (Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú) y RRI analiza el nivel de inclusión de los derechos humanos, el enfoque de género y los derechos de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en las NDC de Colombia y del Perú, así como en los procesos relacionados con su actualización.

Proliferan leyes y reglamentos perjudiciales durante la crisis del COVID-19 Sur y sudeste de Asia

Este informe analiza los desarrollos legislativos durante el COVID-19 en la India, Indonesia y Filipinas que han socavado las interacciones sostenibles entre humanos y el medio ambiente y el pleno disfrute de los derechos sobre territorios consuetudinarios por parte de los PI y de las CL. Aunque la India, Indonesia y Filipinas no han ratificado todavía el Convenio Núm. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, publicado en 1989 por la OIT, ya ratificaron la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). Asimismo, cada uno de esos países ha promovido reformas de tenencia de tierras y bosques a nivel nacional, aunque su implementación ha sido débil.

¿De quién es el agua?

Este informe ofrece tres contribuciones importantes. Primera, desarrolla un marco metodológico para conceptualizar, comparar y determinar la medida en que los marcos legales de los países reconocen los derechos de tenencia de agua dulce de las comunidades. Segunda, aplica dicho marco metodológico a un conjunto diverso de países para evaluar el desempeño relativo de distintos marcos jurídicos en países de Asia, África y América Latina. Y tercera, subraya la necesidad de implementar protecciones legales claras y con perspectiva de género para los derechos de tenencia comunitarios en distintas leyes sectoriales, que reflejen la realidad jurídica y concreta de la interrelación entre tierras, bosques y agua.