Más de 200 organizaciones, una sola coalición. Lo que nos une es la misión común de proteger y elevar los derechos y las luchas de los Pueblos Indígenas, de los Pueblos Afrodescendientes y de las comunidades locales para poseer, desarrollar y proteger sus territorios y ecosistemas tradicionales. Manteniéndose ágil y receptiva, nuestra coalición es pionera en la creación de un futuro en el que cada individuo tiene voz y voto en la gestión de su tierra y de sus recursos, lo que conduce a reformas políticas concretas y a un impacto duradero en el planeta.
Somos un frente unido de organizaciones de todos los tamaños -locales, nacionales, regionales e internacionales- que trabajan conjuntamente para aprovechar el poder de la coalición y colaborar en una amplia gama de temas y competencias. Desde la investigación y la incidencia política, hasta la movilización de base y el fortalecimiento de capacidades, potenciamos mutuamente nuestras voces en apoyo a los derechos sobre la tierra y los recursos. Adoptamos medidas proactivas para colaborar con gobiernos, instituciones multilaterales y agentes del sector privado con el propósito de avanzar en nuestra misión común.
Nuestra coalición trabaja los temas del clima, la biodiversidad, la tenencia de la tierra y el empoderamiento de los jóvenes y las mujeres, con el objetivo de promover la conservación liderada por los Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y comunidades locales.
Esta declaración de la Alianza de Mujeres del Sur Global (WiGSA) felicita a los gobiernos y donantes por su renovado compromiso de apoyar los derechos de tenencia de los Pueblos Indígenas, los Pueblos Afrodescendientes y las comunidades locales, tal y como se anunció en la COP30 celebrada en Brasil el 6 de noviembre de 2025, y exhorta a los financiadores a abordar la brecha global en la financiación de género.
Un nuevo informe muestra progresos desiguales a nivel nacional en materia de derechos de tenencia para los Pueblos Indígenas, los Pueblos Afrodescendientes y las comunidades locales
Un nuevo informe elaborado por RRI, Forest Peoples Programme y el Consorcio ICCA, en el que se evalúan 30 países con alta biodiversidad de África, Asia y América Latina, revela que, aunque la mayoría de los países cuentan con vías legales para promover la conservación basada en los derechos, en la práctica las contribuciones de las comunidades a los esfuerzos nacionales de conservación siguen sin recibir el reconocimiento o el apoyo adecuados.