En la medida en la que continua la lucha por la justicia climática, es fundamental reconocer la correlación entre la tierra, el agua, los ecosistemas y las comunidades humanas para que se genere un cambio positivo y duradero.
El pasado 14 de julio, se encontró el cuerpo de Mariano Isacama Feliciano a orillas del río Yurac, un afluente del Amazonas en el departamento peruano de Ucayali. Él era defensor de derechos humanos del Pueblo Indígena Kakataibo y antes de su muerte había estado trabajando con su comunidad para oponer resistencia a la presencia de madereros ilegales.
Una declaración hecha pública en una rueda de prensa celebrada el 15 de junio resalta la importante traslape entre las tierras reclamadas por los Pueblos Afrodescendientes de América Latina y el Caribe y puntos críticos de biodiversidad del planeta, y pide la inclusión del término Pueblos Afrodescendientes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
A pesar de las constantes amenazas de las actividades extractivas y el narcotráfico, los consejos comunitarios de los Pueblos Afrodescendientes de Buenaventura y el norte del Cauca han logrado conservar exitosamente el bosque. Esta es su extraordinaria historia.
Hace 10 días, el Congreso aprobó la Ley 31973, con la firma de Alejandro Soto y Waldemar Cerrón, que modifica la Ley Forestal 29763 del 2011. Esa modificación va a provocar un caos en la gestión de los bosques del Perú y, sin duda, una aceleración de la deforestación, precisamente contra la corriente mundial en estos días de preocupación extrema por el cambio climático.
El Grupo para los Derechos y Recursos ha seleccionado a Deborah Sánchez, una mujer indígena miskita de Honduras, para dirigir su mecanismo de financiación, CLARIFI (lniciativa Financiera para los Derechos Comunitarios a la Tierra y la Conservación). Deborah asumirá oficialmente su cargo el 11 de septiembre de 2023.
Las miembros de la nueva red acuerdan crear más documentación sobre derechos a la tierra y procesos de gobernanza de mujeres Indígenas, Afrodescendientes y de comunidades locales; también piden fortalecer sus capacidades de incidencia.
El conflicto socioambiental que se vive en la inspección, Los Pozos, de de San Vicente del Caguán, es insostenible. La empresa china, Emerald Energy Plc, incumple reiteradamente las leyes ambientales del país y el gobierno colombiano sigue sin intervenir.
Cécile Ndjebet, defensora en África de larga data de los derechos de las mujeres a la tierra; Shree Kumar Maharajan, líder Indígena de la comunidad Newar de Nepal, y Patrick Saidi Hemedi, defensor de los derechos de pueblos indígenas de la República Democrática del Congo (RDC), son los nuevos miembros de la Junta Directiva del Grupo para los Derechos y los Recursos (RRG.)
Líderes Indígenas y comunitarios de Norteamérica y el Sur global se reúnen para construir relaciones y fortalecer un movimiento de solidaridad global enfocado en sus propias propuestas de biodiversidad global y clima.
Durante la vigésima sexta sesión de la Conferencia de las Partes (COP26), celebrada en Glasgow, 22 donantes adquirieron un compromiso histórico para contribuir con $1.700 millones de dólares estadounidenses como apoyo a los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales a sus tierras y bosques. Casi un año después, sobran las preguntas acerca de los desembolsos, el impacto y la accesibilidad al compromiso.
Este análisis pone de relieve la necesidad urgente de trabajar en un Enfoque de Conservación basado en los derechos en la Amazonia colombiana, considerando los múltiples derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. El estudio propone una hoja de ruta para transformar, fortalecer y ampliar el marco jurídico de conservación existente.
En este nuevo informe, los investigadores recopilaron datos sobre este flujo de financiación y evaluaron las subvenciones en función de diferentes dimensiones de los criterios de "Funding with Purpose", determinando si la financiación alcanzaba los objetivos previstos o se veía comprometida en su ejecución y eficacia.
El comercio mundial, el consumo, el crecimiento de la población y la urbanización están impulsando transformaciones que, en parte, conducen a la destrucción de la naturaleza. El Foro Económico Mundial califica la pérdida de biodiversidad como uno de los cinco principales riesgos mundiales. Está claro que la protección del medio ambiente debería ocupar un lugar destacado en la agenda política y normativa, pero con demasiada frecuencia la gobernanza medioambiental es débil y se descuida la aplicación de las políticas.
Nos complace compartir que la Iniciativa para los Derechos y Recursos ha recibido una subvención sin restricciones de 15 millones de dólares del filántropo MacKenzie Scott para apoyar el reconocimiento de los derechos a la tierra y a los recursos de los Pueblos Indígenas, los Pueblos Afrodescendientes y las comunidades locales de todo el mundo, incluidas las mujeres de estos grupos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó los argumentos orales en un caso contra Guatemala que podría sentar un precedente para las comunidades Indígenas de toda América Latina en su búsqueda, no sólo de los derechos colectivos a sus tierras ancestrales, sino del derecho a controlar sus recursos naturales.
A medida que el papel desempeñado por los Pueblos Indígenas y las comunidades locales en la salvaguarda del planeta gana el reconocimiento que hace tiempo debían tener las iniciativas mundiales sobre el clima y la conservación, sus representantes y aliados han lanzado un nuevo mecanismo para financiar acciones territoriales comunitarias con respeto pleno a los derechos de pueblos y comunidades.
Nos complace compartir que la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI), la Alianza Global de Comunidades Territoriales (GATC) y la Campaña para la Naturaleza (C4N), han recibido una subvención del Bezos Earth Fund para ampliar conjuntamente el reconocimiento de los derechos de tenencia de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los Pueblos Afrodescendientes en los Andes tropicales y la cuenca del Congo.
En la COP 26 de la CMNUCC, una nueva investigación muestra que los Pueblos Indígenas y las comunidades locales poseen al menos 958 millones de hectáreas de tierra que abarcan la mayor partede los bosques tropicales en peligro de extinción del mundo, pero tienen derechoslegales sobre menosde la mitad de sus tierras.
Las soluciones basadas en la naturaleza, se definen en términos generales rasgos, como soluciones a los retos sociales que implican trabajar con la naturaleza. Cuando se anclan en soluciones culturalmente apropiadas y en las prioridades autodeterminadas por las poblaciones locales, las acciones basadas en la naturaleza tienen el potencial de fortalecer sinergías, transformar las interacciones hombre-medio ambiente, e impulsar la transformación de todo el sistema eficazmente.
Defensora de los derechos de los indígenas en Canadá desde hace mucho tiempo, la Dra. M.A (Peggy) Smith dirigirá la gobernanza de la Iniciativa para el Rights and Resources Group (RRG), una coalición mundial de pueblos indígenas, afrodescendientes y organizaciones comunitarias locales.
La junta directiva del Grupo para los Derechos y Recursos (RRG) ha escogido a la Dra. Solange Bandiaky-Badji como coordinadora de la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) y presidenta del Grupo para los Derechos y Recursos (RRG), entidad que actúa como mecanismo coordinador de la RRI.
Este análisis demuestra que la gran mayoría de los países con bosques tropicales que pretenden beneficiarse de los mercados internacionales de carbono forestal aún no han definido en la ley y en la práctica los derechos de los Pueblos Indígenas, comunidades locales y Pueblos Afrodescendientes sobre el carbono en sus tierras y territorios consuetudinarios.
La siguiente es una carta de seguimiento de una reunión de RRI con el Sr. Lambertini y su equipo, celebrada el 6 de febrero de 2021.