La Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) expresa su solidaridad con las y los líderes del movimiento de derechos Indígenas en Ecuador que están siendo criminalizados por ejercer su legítimo derecho a movilizarse y defender sus derechos humanos.
Instamos al Estado ecuatoriano y a sus instituciones judiciales a garantizar el debido proceso a los líderes indígenas y defensores de los derechos humanos, a protegerlos contra la persecución y a respetar su derecho a la protesta pacífica según los principios del Estado democrático de derecho.
El lunes 13 de junio de 2022, la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), apoyada por varias organizaciones de la sociedad civil, convocó a un paro nacional contra la imposición de políticas gubernamentales que han provocado el aumento de la pobreza y la inseguridad, la reducción de los presupuestos de salud y educación, y la imposición agresiva de actividades extractivas (minería y de petróleo) que violan los derechos colectivos y la forma de vida de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Ecuador.
La respuesta del Estado a esta movilización ha sido la criminalización y persecución de las y los manifestantes. El 14 de junio de 2022, el presidente de la CONAIE y líder del movimiento indígena, Leonidas Iza Salazar, fue detenido arbitrariamente por fuerzas policiales y militares durante 24 horas, en las que permaneció aislado más de 15 horas. Un juez inició entonces un proceso penal contra Salazar por supuesta obstrucción de los servicios públicos, en un claro intento de aplastar su derecho universal a la protesta y el de otros líderes Indígenas.
El futuro legal de Iza sigue siendo incierto mientras espera su audiencia el 4 de julio de 2022, lo que hace temer que sea condenado con la intención de silenciar al movimiento de derechos Indígenas del país. Instamos encarecidamente al gobierno de Ecuador a que envíe un mensaje claro a sus comunidades y al mundo de que se compromete a proteger los derechos de los Pueblos Indígenas y sus movimientos, y de que respeta su derecho a exigir políticas justas e inclusivas que garanticen su bienestar.
