Fecha: marzo 11, 2021
Los Pueblos Indígenas, las comunidades locales, y los Afrodescendientes (PI, LC y AD), aproximadamente 2.500 millones de personas, tradicionalmente administran más del 50% de la masa territorial mundial, pero los gobiernos actualmente solo reconocen su propiedad legal sobre el 10% (RRI, 2015). Afortunadamente, ha habido avances en el abordaje de esta injusticia histórica en los últimos años, ya que los gobiernos han comenzado a aprobar leyes y ejecutar decisiones judiciales que reconocen el uso y la propiedad históricos y consuetudinarios de estas tierras. Una evaluación reciente concluye que, desde 2002, al menos 14 países más han aprobado leyes que requieren que los gobiernos reconozcan estos derechos. De manera similar, ha habido decisiones judiciales positivas a nivel nacional y regional en numerosos países que apoyan el reconocimiento formal de los derechos colectivos a la tierra y los bosques de los pueblos indígenas, las comunidades locales y los afrodescendientes. El estudio de RRI muestra que si tan solo 7 países implementan estas nuevas leyes, políticas y decisiones judiciales que transfieren propiedad, más de 176 millones de hectáreas serían transferidas del gobierno a comunidades indígenas, locales y afrodescendientes, beneficiando a más de 200 millones de personas (RRI, 2018).
El progreso en el frente legal ofrece una oportunidad excepcional para que los países y la comunidad mundial aborden este abuso a los derechos humanos de larga data. Desafortunadamente, los marcos legales para el reconocimiento de los derechos de tenencia colectiva a menudo no se implementan, ya que los gobiernos y sus sociedades, con frecuencia, carecen de los recursos financieros, de las capacidades organizativas o del interés político para implementar estas leyes y decisiones judiciales. Esta agenda tampoco ha tenido alta prioridad para la comunidad de desarrollo internacional, aunque existe una historia de inversión por parte de algunos donantes multilaterales y bilaterales, en colaboración con gobiernos y comunidades locales, que ha generado importantes experiencias y lecciones.
La mayor comprensión y apreciación en los últimos años del papel de los derechos territoriales indígenas y comunitarios seguros en la protección de los bosques y los ecosistemas ha generado un nuevo interés, y nuevas posibilidades para el avance en esta larga crisis de derechos humanos. Los estudios muestran que las tierras y territorios indígenas y comunitarios legalmente reconocidos almacenan más carbono, tienen menos emisiones, tienen tasas de deforestación significativamente más bajas que las tierras propiedad de otros actores , y establecer y mantener estas áreas cuesta menos que en las áreas protegidas convencionales. Los sectores científicos, del clima y la conservación de la biodiversidad, a nivel mundial, saben bien que la tenencia insegura, disputada e injusta de la tierra y de los bosques socava los esfuerzos internacionales de protección, administración de manera sostenible, y de restauración de los ecosistemas esenciales para el cumplimiento de metas del clima, la conservación y el desarrollo sostenible.
Por estas razones, un número creciente de gobiernos y organizaciones de desarrollo están cada vez más interesados en identificar oportunidades para acelerar e incrementar el reconocimiento y el fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes y de las comunidades locales sobre sus bosques, tierras, territorios y recursos.
El propósito de este informe es el de facilitar una mayor inversión por parte de los gobiernos y de las organizaciones de desarrollo, clima y conservación, en proyectos para el reconocimiento formal de los derechos de las comunidades locales, los afrodescendientes y los pueblos indígenas sobre sus tierras y bosques. Es un análisis profundo por expertos, independiente, del nivel de preparación de los países para las inversiones que garanticen estos derechos, dando prioridad a los países que son miembros del Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), una iniciativa internacional que ayuda a los gobiernos a reducir la deforestación, mitigando así el cambio climático. Este informe está diseñado para facilitar el conocimiento e identificar posibles oportunidades de inversión por parte de estos y otros gobiernos, los partidarios del FCPF y otros donantes potenciales, y proporciona un marco simple para monitorear el estado de preparación para estas inversiones a través del tiempo. Este «Marco de Oportunidades» permite un seguimiento de acceso abierto del progreso a nivel de país y a nivel mundial de la obligación global de reconocer los derechos colectivos a la tierra de los pueblos locales. Estas evaluaciones son intencionalmente independientes con el propósito de aumentar la objetividad y franqueza de los análisis y de los juicios, y así dar una visión sin adornos de la situación actual en cada país.
La lógica de este informe, y la de la herramienta “Marco de Oportunidades”, es que los resultados de este análisis son más indicativos que deterministas. Se espera que, según el interés de los posibles donantes o gobiernos, se haga un mayor esfuerzo de mostrar una mayor diligencia debida antes de optar por la inversión. Siguiendo esta misma lógica, este informe es seguido por un segundo análisis, más profundo y más operativo, de estas mismas preguntas en colaboración con el FCPF, para un grupo seleccionado de países miembros del FCPF. Los resultados de este informe se publicarán en un sitio web y se actualizarán periódicamente, continuando ofreciendo información a aquellos interesados en la inversión en las garantías de derechos a los bosques y a la tierra de los pueblos indígenas, las comunidades locales y los afrodescendientes.
El enfoque de este informe, y el del Marco en sí, se limita al reconocimiento formal de los derechos sobre la tierra y los bosques (delimitación, mapeo, registro, etc.). No evalúa los importantes y subsiguientes pasos en el fortalecimiento de la gobernanza comunitaria o territorial, la aplicación de estos derechos por parte de los gobiernos, o las capacidades necesarias que permitan que las organizaciones indígenas, las comunidades locales y las afrodescendientes administren o exploten sus recursos, o que se involucren en empresas o actividades de desarrollo económico, todo esto esencial para la conservación y el desarrollo sostenido y autónomo. Este Marco se centra en el primer paso de este proceso más largo.
https://doi.org/10.53892/OGLH5130