Date: agosto 4, 2023
Las empresas y los inversores en sectores basados en la tierra tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y los derechos legítimos de tenencia de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los Pueblos Afrodescendientes (PI, CL y PAD). Estas responsabilidades son evidentes en los marcos internacionales, las leyes nacionales, la regulación emergente, las mejores prácticas de la industria y las políticas y compromisos sociales y de sostenibilidad asumidos por empresas e inversores progresistas. Como resultado, se requieren procesos exhaustivos de diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente para que las empresas y los inversores evalúen de forma proactiva los impactos potenciales de sus empresas sobre los titulares de derechos colectivos y establezcan medidas para prevenir, mitigar y remediar los daños potenciales vinculados a sus operaciones comerciales, cadenas de suministro e inversiones. La seguridad de la tenencia y la participación efectiva de los titulares de derechos locales son fundamentales para el éxito del HREDD, y la supervisión comunitaria ofrece una vía para establecer relaciones recíprocas y basadas en los derechos que salven la brecha entre las comunidades y las empresas/inversores.
El concepto de Monitoreo Comunitario (CM) es un proceso en el que los PI, las CL y las PAD evalúan y recopilan datos sobre las operaciones empresariales que pueden afectar a sus tierras, territorios, recursos, derechos, culturas y medios de vida. Las comunidades utilizan estos datos para informar y dar forma a las prácticas empresariales, prevenir/abordar los impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente, y hacer que las empresas y los inversores rindan cuentas ante leyes y normas cruciales. Cuando se establecen asociaciones, la gestión de las comunidades puede ayudar a empresas e inversores a mejorar el cumplimiento de estas leyes y normas, incluidas sus políticas y compromisos internos, así como a reducir los riesgos operativos y de reputación. Y lo que es más importante, la gestión del cambio apoya asociaciones más directas, equilibradas y basadas en los derechos entre las comunidades y las empresas/inversores, que deben respetar continuamente los derechos legítimos de tenencia y la autodeterminación de los PI, las CL y las PAD, derechos que están intrínsecamente ligados a la consecución de los objetivos mundiales en materia de clima y biodiversidad y a los programas de sostenibilidad empresarial asociados.
En respuesta a esta floreciente oportunidad, este documento comparte ideas, principios y buenas prácticas emergentes para socializar el concepto de CM entre las empresas y los inversores de los sectores basados en la tierra, así como esbozar los pasos que pueden dar para comprometerse de manera significativa con los PI, las CL y las PAD para supervisar y responder a los posibles impactos ambientales y sobre los derechos humanos de sus operaciones, cadenas de suministro o inversiones.
Este documento es el resultado de un proceso colectivo de múltiples partes interesadas en el que han participado los miembros del Grupo Interlaken, una plataforma líder para líderes individuales de las comunidades empresarial, inversora, de financiación del desarrollo, de la sociedad civil y de titulares de derechos para promover el apoyo del sector privado a los derechos comunitarios sobre la tierra.
https://doi.org/10.53892/WBHF3019