En medio de las crisis políticas y los retrocesos de los gobiernos del 2016, al menos hubo una tendencia mundial coherente y alentadora: el creciente reconocimiento de que los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre la tierra son fundamentales para garantizar la paz y la prosperidad, el desarrollo económico, las inversiones sensatas, y la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus consecuencias.