Date: agosto 19, 2021
En este estudio se analiza la situación del reconocimiento jurídico de los derechos de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los Pueblos Afrodescendientes de 31 países de África, Asia y América Latina al carbono almacenado en sus tierras y territorios. Conjuntamente, estos países albergan casi el 70% de los bosques tropicales del mundo, representan al menos el 62% del potencial total de las soluciones climáticas naturales viables y, por lo tanto, la mayor parte de las oportunidades basadas en la naturaleza para la reducción de emisiones y la compensación del carbono en los países con bosques tropicales o subtropicales.
Los hallazgos clave del informe incluyen:
- De los 31 países estudiados, solo 3 reconocen explícitamente los derechos de las comunidades al carbono almacenado en las tierras de su propiedad o que se les han asignado (Etiopía, Perú y la República del Congo).
- Tres países (Brasil, Colombia y Costa Rica) establecen vínculos entre los derechos al carbono y la propiedad de la tierra o de los bosques (ya sea de índole pública, privada o colectiva).
- Siete países (Bután, Fiyi, Nepal, Nicaragua, Tanzania, Vietnam y Zambia) poseen marcos jurídicos ambiguos que, según cómo se interpreten, reconocen los derechos comunitarios al carbono.
- Solo cinco países (Costa Rica, Filipinas, Indonesia, México y Vietnam) han fijado mecanismos de distribución de beneficios y solo en un caso (Vietnam) ha sido posible verificar que el mismo está operativo de forma parcial.
- De los 17 países que han definido estos mecanismos, solo 2 los han operacionalizado (Costa Rica y México).
Las conclusiones de este informe demuestran que son pocos los países que han establecido las condiciones necesarias para que las transacciones de carbono o REDD+ sean justas, eficaces y transparentes. En general, son pocos los países que reconocen explícitamente los derechos de carbono de las comunidades y aún menos los que han puesto a prueba la viabilidad operativa y política de las normas establecidas. La escasa atención prestada a los derechos de las comunidades contrasta, por tanto, con las importantes inversiones que se han realizado hasta ahora para medir el carbono situado en las tierras de las comunidades, una situación que se ve agravada por la falta general de salvaguardias y mecanismos de reparto de beneficios.
https://doi.org/10.53892/BRSD4272