Date: marzo 8, 2022
Las violaciones de derechos humanos cometidas en nombre del desarrollo ocurren en mayor frecuencias en países de donde provienen las materias primas que impulsan a la sociedad moderna. Tal es el caso de América Latina que debido a su riqueza en recursos naturales y su potencial energético, ha sido el epicentro de conflictos territoriales y violación de derechos relacionados a diversas industrias extractivas y los proyectos de infraestructura. El tan ansiado desarrollo parece traducirse en el aumento de las ganancias de empresas e inversionistas mientras que las comunidades que dependen directamente de los recursos naturales en su territorio ven disminuidas sus formas de vida, y al intentar defender sus territorios, son frecuentemente estigmatizados y atacados.
Los pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes y comunidades locales han habitado desde hace varios siglos sus territorios, creando con los mismos un vínculo que trasciende lo material, se enlaza con su identidad colectiva y rige su desarrollo; sin embargo, sus derechos sobre el territorio y recursos aún no son plenamente reconocidos y/o garantizado generando una serie de situaciones perjudiciales para estos pueblos y la sociedad en general. A nivel global, gestionan consuetudinariamente el 50% de la tierra, pero únicamente tienen reconocimiento legal sobre el 10% de las misma. Así mismo, en Latinoamérica, manejan y ejercen gobernanza sobre una superficie de 573 Mha, de las cuales, al menos, 138.24Mha aún no están legalmente reconocidas.
El presente estudio evidencia que cuando un territorio colectivo es afectado existe un impacto multidimensional sobre las comunidades que lo habitan (en términos sociales, económicos y ambientales), pero, además, hay un efecto multiplicador al violar numerosos derechos simultáneo y al extender este impacto a las poblaciones adyacentes, con repercusiones a corto y largo plazo. Es así que las amenazas, el asesinato, el desplazamiento, la contaminación de las aguas o la falta de peces para la pesca, no son simples hechos aislados ni afectan solo a una persona o a una familia: el ataque hacia un individuo es un ataque a toda la comunidad y otras circundantes. El estudio también estableció una relación entre los proyectos monitoreado con los países de origen de sus inversiones.
Como resultado se encontraron 1164 comunidades afectadas por 102 proyectos extractivos o de infraestructura. Las afectaciones se dieron en seis países: Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Perú durante los años 2017, 2018 y 2019. Los derechos al dominio colectivo sobre el territorio, al consentimiento previo, libre e informados y a un medio ambiente saludable encabezan la lista de derechos más vulnerados. En cuanto a las agresiones o ataques, la forma más frecuente registrada es la invasión al territorio colectivo, produciéndose en casi la mitad de los casos. Le siguen en frecuencia las amenazas y los asesinatos. Respecto a los impactos sociales, se destacan cuatro de ellos: la alteración de los medios de vida tradicionales, la alteración de la disponibilidad de agua, los problemas de salud y el desplazamiento de viviendas. Finalmente, en los impactos ambientales predominan la contaminación de agua y la deforestación. Los resultados del estudio están presentados de manera más didáctica en la plataforma interactiva Story Maps “Derechos Colectivos Vulnerados” que RRI, en colaboración con Amazon Conservation Team Colombia, crearon.
https://doi.org/10.53892/KYUW3320