• Aunque históricamente rechazado por la conservación de exclusión, el papel de las comunidades indígenas y locales es integral para llevar a cabo la ambiciosa agenda de biodiversidad a nivel mundial de la ONU para el 2030.
• Más de 1.65 mil millones de pueblos indígenas, comunidades locales y afrodescendientes tienen la clave para evitar un colapso de la biodiversidad a nivel mundial.
• Se proyecta que el reconocimiento de los derechos de tenencia de las comunidades indígenas y locales cueste menos del 1 por ciento del costo de reasentamiento de las poblaciones que habitan en las áreas de biodiversidad.

Con la ONU, las ONG y los conservacionistas abogando por colocar el 30 por ciento o más del área terrestre del planeta bajo conservación formal para el 2030, un nuevo estudio advierte sobre los costos potenciales de usar enfoques de conservación de exclusión para cumplir con esos objetivos. También establece cómo lograrlos: a través del empoderamiento de los pueblos indígenas, las comunidades locales y los afrodescendientes que tienen derechos consuetudinarios sobre la tierra en al menos la mitad de la Tierra.

El estudio, realizado por RRI y producido en colaboración con Campaign for Nature, muestra que más de 1.65 mil millones de pueblos indígenas, comunidades locales y afrodescendientes viven en importantes áreas de conservación de la biodiversidad del mundo.  Otro hallazgo muestra que el 56 por ciento de las personas que viven en áreas importantes para la conservación de la biodiversidad se encuentran en países de ingresos bajos y medios; mientras que sólo el 9 por ciento vive en países de ingresos altos. Esto subraya el impacto desproporcionado de la conservación en el Hemisferio Sur.

“Este informe muestra que, en lo que respecta tanto a la ciencia como a la economía, la inversión en los derechos sobre la tierra y los recursos de los pueblos indígenas y las comunidades locales debería ser una estrategia principal para lograr los objetivos mundiales de biodiversidad”, dijo Brian O’Donnell, director de Campaign for Nature. “Mediante la adaptación de la conservación basada en los derechos, los 190 países que negocian el Marco Global para la Biodiversidad post-2020 de la ONU tienen una importante oportunidad para proteger el planeta y al mismo tiempo expandir significativamente los derechos humanos”.      

Si bien no todas las áreas protegidas o los enfoques de conservación entran en conflicto con los pueblos indígenas, las comunidades locales y los afrodescendientes, muchos enfoques relacionados a las áreas protegidas han tratado de preservar la biodiversidad a través de la reubicación de las personas, y prohibiendo el acceso o el uso tradicional dentro de los límites de las áreas protegidas. El estudio calcula que el costo de estas propuestas en las áreas protegidas públicas, valorizando el costo de reubicar entre 1.2 y 1.5 mil millones de personas que viven en importantes áreas de conservación de la biodiversidad actualmente desprotegidas oscila entre 4 y 5 billones de dólares. 

Estos datos se basan en pronósticos financieros de planes de reasentamiento elaborados por la Corporación Financiera Internacional, entre otras. Los autores proyectan que el costo de reconocer los derechos de tenencia de las comunidades indígenas y locales es de menos del 1 por ciento del de reubicar poblaciones habitando áreas de biodiversidad, según datos del Perú, Indonesia, India, Nepal y Liberia. 

“Este es el primer estudio que cuantifica la potencial contribución de las comunidades indígenas y locales en el logro de resultados de conservación de la biodiversidad a escala mundial», dijo el Dr. James Allan, coautor del informe, y científico conservacionista e investigador en Ecología Global de la Universidad de Amsterdam. “El trabajo muestra claramente que estas personas son socios clave con un papel importante que desempeñar. Los conservacionistas deben sacar provecho de los beneficios económicos y morales disponibles a través de un enfoque basado en los derechos «. 

José Francisco Cali Tzay, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, también respaldó las conclusiones del informe. Dijó: «A lo largo de la accidentada historia de la conservación, hemos visto la conservación de exclusión como una puerta de entrada a los abusos de los derechos humanos y de violencia militarizada. Ahora tenemos pruebas de que este enfoque también es económicamente devastador. Pagar a los pueblos indígenas para que abandonen las tierras que históricamente han protegido mejor que los gobiernos y que las entidades privadas es un desperdicio e incrementa los errores del pasado «. 

El informe se basa en investigaciones anteriores que muestran que los pueblos indígenas, las comunidades locales y los afrodescendientes tienen derechos consuetudinarios sobre la tierra en al menos la mitad de la superficie del planeta, pero sólo poseen legalmente el 10 por ciento. 

“Este informe refuerza los hallazgos revisados ​​por pares que ya demuestran cómo los pueblos indígenas, las comunidades locales y los afrodescendientes son mucho más efectivos que los gobiernos en la protección de los ecosistemas y de los bosques, especialmente cuando se les otorgan derechos formales que les permiten continuar protegiendo sus territorios”, dijó Thomas Worsdell, otro coautor. “El apoyo a su agencia y a su autodeterminación es el camino más rentable para lograr los objetivos globales de biodiversidad».

Raina Thiele, quien es dena’ina y yup’ik, y asesora de la Campaign for Nature en temas indígenas, agregó que cualquier enfoque que ignore la propiedad indígena y comunitaria conlleva un riesgo sustancial de conflicto social y de reasentamiento. 

“El conflicto y la violencia alrededor de algunas áreas protegidas públicas demuestran que los enfoques excluyentes no pueden continuar, y mucho menos expandirse para alcanzar objetivos globales”, dijó Thiele, quien trabajó con la Administración Obama en temas tribales. “Algunas organizaciones de conservación han reconocido esto y han cambiado su práctica hacia la conservación basada en derechos; las otras ahora necesitan hacer lo mismo”.

El informe incluye recomendaciones prácticas para organizaciones e instituciones intergubernamentales, organizaciones de conservación y donantes, y gobiernos. Estos incluyen instar a estos actores a adoptar los Principios de la Norma de Oro sobre las mejores prácticas de reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunitarios en el contexto de las acciones relacionadas al clima, la conservación y el desarrollo sostenible. Andy White, coordinador de RRI, dijo que estos hallazgos se utilizarán como base para crear una mayor recopilación de datos a nivel regional y nacional. Esos hallazgos se publicarán a principios de 2021. 

“Lo que nos dicen los hallazgos globales es que no vamos a completar la ambiciosa agenda de conservación actuando de la misma manera a la que estamos acostumbrados”, agregó. “Es hora de que todos aceptemos que la urgencia de garantizar que los derechos sobre la tierra deben ser la base, no una reflexión tardía, de la agenda de conservación».