En el ámbito mundial, hasta 2.500 millones de personas viven bajo arreglos comunitarios y gestionan directamente más del 50% de las tierras, lo que incluye gran parte de las zonas boscosas y de las áreas de mucha importancia para la biodiversidad restantes.
Aún así, el reconocimiento legal de estos derechos se ha quedado rezagado, puesto que solamente se ha reconocido el 10% de las tierras a nivel mundial como propiedad de los Pueblos Indígenas y las comunidades.
El hecho de dedicar esfuerzos más amplios para salvar las brechas actuales en el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas y de las comunidades locales representa la mayor oportunidad existente en todo el mundo —en términos de la cobertura territorial y del número de personas afectadas—, para promover los objetivos climáticos y de desarrollo a escala mundial. La obtención de estos resultados también es fundamental para proteger tanto los derechos humanos como los derechos de las mujeres.
La misión de RRI
La misión de RRI es apoyar las luchas de los Pueblos Indígenas, los Pueblos Afrodescendientes y las comunidades locales contra la marginación y a favor de un desarrollo sostenible autodeterminado mediante la promoción de un mayor compromiso y acción a nivel mundial en favor de reformas políticas, de mercado y jurídicas que garanticen sus derechos a poseer, controlar y beneficiarse de los recursos naturales, especialmente la tierra y los bosques.
Para avanzar en esta misión, la RRI tiene tres objetivos mundiales:
Situada dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030, la RRI ha adoptado dos metas como indicadores globales de progreso:
Afortunadamente, ya se han logrado avances considerablemente al respecto. En 2002, solo 40 países contaban con marcos jurídicos que reconocían que las comunidades eran propietarias de bosques o titulares designadas de derechos forestales. Para 2017, al menos 54 países habían adaptado estas leyes, con lo cual se establecieron nuevas vías para la posesión de bosques por parte de las comunidades. En los últimos 15 años, se han reconocido aproximadamente 150 millones de hectáreas para las comunidades, lo cual equivale a una superficie de tres veces el tamaño de España.
Si solo cuatro países implementaran las leyes existentes, el mundo podría duplicar los beneficios logrados en los últimos 15 años y se podría lograr mucho más si otros países siguieran este ejemplo, con lo cual aumentaría gradual y dramáticamente la seguridad de tenencia para millones de habitantes de los bosques.