Expertos: Falta de reconocimiento de derechos en bosques tropicales impulsa la deforestación, el cambio climático e el conflicto armado; nuevas evidencias muestran que los derechos fuertes pueden reducir riesgo de inversión
LONDRES (3 de febrero de 2016) — Seis semanas después de que los negociadores en París colocaran los bosques tropicales en el centro de la lucha global contra el cambio climático, expertos en un encuentro en Londres dijeron que la resistencia gubernamental a reconocer los derechos locales sobre la tierra amenaza las perspectivas globales de detener la deforestación y alimenta un conflicto lo suficientemente costoso como para ahuyentar a los inversores.
Citando casos en África, Asia y América Latina, expertos reunidos hoy en Londres dieron a conocer una serie de investigaciones que demuestran que la resistencia de los gobiernos a reconocer la tenencia de la tierra a los pueblos indígenas y las comunidades locales está causando grandes riesgos financieros para los actores del sector privado involucrados en la extracción y la producción de commodities para la exportación en países en desarrollo.
Presentados en un panel organizado por la Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI), los nuevos datos podrían animar a los inversores y las compañías dependientes de las commodities a presionar para que se reconozcan los derechos de propiedad locales en países de mercados emergentes.
«Este análisis brinda evidencia cuantitativa de que las disputas entre las comunidades locales y los desarrolladores/operadores de proyectos infligen a los inversores un daño financiero significativo —afirmó el panelista Lou Munden, fundador de TMP Systems—. Descubrimos que esto es así en más de la mitad de los 360 casos que estudiamos, y casi todos los conflictos que revisamos estaban vinculados con la tenencia débil de la tierra».
El análisis de TMP y RRI sobre conflictos en minería, energía, agricultura, infraestructura de transporte y silvicultura concluyó que más del 60% de los casos involucraban conflictos con minorías y pueblos indígenas; en el sector forestal, ese número trepaba al 90%.
«Los derechos inseguros también amenazan los esfuerzos por mitigar el cambio climático — dijo el coordinador de RRI Andy White—. A pesar del consenso internacional de que los bosques tropicales son fundamentales para mantener el calentamiento por debajo de los dos grados y de la creciente consciencia sobre el rol vital que las comunidades forestales tienen en la protección de esos bosques, el ritmo del reconocimiento de sus derechos continúa rezagado. Algunos países forestales grandes ahora están posicionados para reconocer derechos a escala masiva (incluyendo Indonesia y la India), pero la fuerte resistencia de agencias gubernamentales, compañías convencionales y organizaciones conservacionistas bloquean el progreso».
Las pruebas de que los derechos fuertes podrían proteger las inversiones en países de mercados emergentes pueden contribuir a contrarrestar la falta de voluntad de muchos gobiernos para reconocer los derechos plenos de propiedad de las comunidades forestales, sugirieron los panelistas. Una señal firme de apoyo por parte de inversores internacionales a la reforma de la tenencia serviría para fortalecer la resolución gubernamental de aclarar y asegurar la tenencia local de la tierra, un paso previo necesario para el éxito incluso de los proyectos mejor intencionados.
«Estamos en un momento en el que los inversores privados tienen que decidir cómo invertir su dinero para cumplir mejor con sus compromisos para detener la deforestación y respetar los derechos. Los gobiernos que quieren atraer a esos inversores tienen que asegurar que los derechos de las comunidades locales se definan legalmente y se respeten, a fin de garantizar que las compañías no incurran en riesgos relacionados con la tenencia que puedan representar una carga financiera y un daño a la reputación —dijo White—. Esto también beneficia a los gobiernos. Los esfuerzos por mitigar el riesgo y cumplir con los compromisos de deforestación solo pueden tener éxito si se toman en cuenta los derechos consuetudinarios sobre la tierra».
La intersección entre reconocimiento limitado de los derechos y el riesgo
Un nuevo análisis publicado por RRI estima que los gobiernos reconocen formalmente los derechos de propiedad legales de los pueblos indígenas y las comunidades locales en un área igual a más de cinco veces el tamaño de Chile1 , o 388 millones de hectáreas de tierras forestales, lo que representa un aumento sobre los 300 millones de 2002, aunque eso es solo un quinto de la tierra que los pueblos indígenas y las comunidades locales poseen y usan consuetudinariamente. Pero White señaló con preocupación que los gobiernos recientemente se han concentrado en «designar» tierra en lugar de reconocer los derechos de propiedad de las comunidades locales; desde 2002, duplicaron la cantidad de tierras sobre las cuales las comunidades solo tienen control limitado.
«Nuestro análisis muestra que un importante número de gobiernos han empezado a designar tierras forestales que imponen límites a la habilidad de las comunidades locales de administrar la tierra o de controlar cómo se usa —agregó—. Eso es quedarse en medias tintas y plantea un riesgo significativo para la vida y el sustento de las comunidades forestales y para la salud de nuestro planeta. Socava los compromisos asumidos por los gobiernos en la cumbre climática de la ONU en París y los contraídos por las compañías que suscribieron la Declaración de Nueva York sobre los Bosques. Los derechos de las comunidades locales deben ser la prioridad si tenemos la esperanza de cumplir con alguno de estos objetivos de desarrollo global».
El año pasado, RRI y TMP Systems dieron a conocer un análisis de casi 73.000 desarrollos comerciales de recursos naturales en ocho economías de mercados emergentes/fronterizos, y se llegó a la conclusión de que entre el 93 y el 99% de los proyectos estaban en tierras habitadas por comunidades locales o pueblos indígenas.
Si los inversores aún no están buscando modos de reducir su exposición a conflictos sociales, deberían hacerlo ya. «Nuestra investigación muestra que el perjuicio financiero puede abarcar desde costos operativos enormemente superiores hasta el total abandono de una operación existente —agregó Munden—. Y estos riesgos son lo suficientemente importantes como para cambiar el cálculo de la inversión en mercados emergentes. Y sugieren que los inversores están frente a un problema sustancial».
El dinero no es la respuesta para evitar el conflicto entre inversores y comunidades
Un análisis exhaustivo de casi 400 conflictos en proyectos mineros, agrícolas, de infraestructura, energéticos y de silvicultura mostró que la vasta mayoría de los casos (93%) no eran disputas sobre compensación pagada a las poblaciones locales, sino, más bien, una gama de otras problemáticas que abarcaban desde la degradación ambiental hasta el acceso restringido a los recursos locales.
«Estos resultados fueron realmente inesperados. Los inversores y las compañías suelen asumir que los desacuerdos pueden resolverse con dinero, porque así es cómo suelen solucionarse los problemas comerciales relacionados con cosas como propiedad intelectual o disputas laborales. Pero, cuando ves que solo uno de cincuenta conflictos mineros se origina en el dinero, eso hace que pienses de forma muy diferente sobre la gestión del riesgo —dijo Munden—. Esto significa que el objetivo principal de un operador no es averiguar cuánto hay que pagarle a la población local, sino, en cambio, saber cómo determinar qué factores condicionan la oposición al proyecto y hacer una evaluación calculada sobre si esas problemáticas pueden resolverse».
Nuevas herramientas para evaluar el riesgo de inversión y respetar los derechos locales sobre la tierra
Para abordar algunos de los obstáculos informados por inversores y compañías que trabajan en países en desarrollo, el panel de RRI discutió una serie de instrumentos e iniciativas nuevas que se establecieron en 2015. TMP produjo dos herramientas gratuitas y de código abierto: IAN: Risk e IAN: Diligence. Los productos IAN reúnen la tecnología y el conocimiento disponibles para proporcionar a los inversores y analistas de riesgo medios confiables, sencillos y económicos para identificar (IAN: Risk) y responder ante (IAN: Diligence) el riesgo de disputas con la comunidad local en relación a la tenencia.
Otra herramienta es la nueva guía sobre debida diligencia de The Interlaken Group para ayudar a las compañías a respetar los derechos de las comunidades locales sobre la tierra, en conformidad con las «Directrices voluntarias sobre la gobernanza de la tenencia». El Interlaken Group —un foro multisectorial de representantes de compañías, inversores, organizaciones internacionales y grupos de la sociedad civil que trabajan en conjunto para identificar maneras prácticas para que las empresas respalden la gobernanza mejorada de la tierra y respeten los derechos de las comunidades locales— promete que este es el primero de muchos productos nuevos destinados a ayudar a las compañías a implementar los compromisos en materia de tenencia y deforestación.
«Estas nuevas herramientas, combinadas con las muchas nuevas iniciativas propuestas por los pueblos indígenas, las comunidades locales y sus aliados en 2015, subrayan la necesidad de que los inversores y los gobiernos respeten los derechos de las comunidades locales desde el principio —dijo White—. Si prestan atención a la evidencia y aprovechan estas nuevas herramientas, los gobiernos y la industria podrían aliarse con las comunidades forestales para transformar la realidad en el terreno, con lo cual se salvarían vidas y el ambiente y, al mismo tiempo, se protegería el resultado financiero».
Parques o personas: Nuevos análisis sostienen que los derechos son una solución para salvar los bosques
Este mismo enfoque centrado en los datos se está aplicando también a las inversiones públicas propuestas en conservación forestal, que adquirieron mayor importancia tras la histórica aprobación en diciembre del acuerdo sobre el cambio climático en París. Un compromiso para poner fin a la deforestación tiene un lugar prominente en el acuerdo, lo que llevó a RRI y TMP Systems a buscar una forma de examinar los costos humanos y financieros del establecimiento de nuevas áreas protegidas en dos países africanos. Un proyecto, financiado por el GEF y Alemania, apartaría entre el 12 y el 15% de la República Democrática del Congo (RDC) como áreas protegidas. El otro, con financiamiento de Noruega, apartaría el 30% de los bosques de Liberia hacia el 2020.
Los nuevos análisis muestran que la expansión de las áreas protegidas podría desplazar o perjudicar el bienestar económico de 1,3 millones de personas en los bosques de Liberia y la RDC. Los costos de establecer estas «áreas protegidas» extendidas en ambos países irían desde 200 millones hasta más de mil millones de dólares, excluyendo el costo anual de mantener los parques, estimado en 36 millones.
«Este es un primer paso —dijo Munden—, y aún estamos refinando nuestro enfoque analítico. Pero, hasta el momento, sugiere que los costos de la compensación por desplazar a las comunidades locales o impedir su uso consuetudinario de los bosques son significativos. No estamos diciendo que se debe abandonar el enfoque de las áreas protegidas, pero esto sugiere la necesidad de estrategias de costos más bajos para lograr los resultados deseados: bosques sanos y menos emisiones de gases de efecto invernadero».
White señaló que la información será vital para ayudar a quienes elaboran políticas públicas a tomar decisiones basadas en evidencias.
«Para el sector privado, se ha vuelto cada vez más claro que las personas no pueden hacerse a un lado con impunidad; los conflictos resultantes tienen efectos duraderos y muy costosos —dijo White—. Y las mismas lecciones aplican a los gobiernos; los inversores públicos necesitan mejores instrumentos para tomar decisiones informadas. La larga historia de subestimación de los costos de crear y mantener áreas protegidas les salió muy cara a los gobiernos de países en desarrollo y llevó a la creación de inefectivos “parques de papel”».
White resaltó la ardua lucha de Liberia por los derechos como un emblema de una pelea más amplia que se está dando a lo largo de África, América Latina y Asia. Los líderes liberianos están afrontando una decisión que determinará el destino del país y, sin embargo, parecen incapaces de actuar en materia de una legislación que garantizaría los derechos sobre la tierra de las comunidades rurales, de acuerdo con Constance Teage, del Instituto de Desarrollo Sostenible de Liberia. De hecho, según ella, la innovadora ley de derechos sobre la tierra de ese país actualmente está en gran riesgo.
Teage citó un reciente comunicado de prensa emitido por dieciocho grupos de la sociedad civil en Liberia que sostiene que: «Se han realizado cambios a los principios fundamentales de la ley de derechos sobre la tierra que erosionarían los derechos de las comunidades rurales, exacerbarían la pobreza y llevarían potencialmente al país a un mayor malestar».
Teage dijo que los grupos de la sociedad civil estaban llamando a los líderes de su nación a «sostener, respaldar y defender la integridad de los derechos consuetudinarios sobre la tierra en la ley pidiendo a la legislatura que apruebe el borrador de julio de 2014 y que someta el proyecto de ley final al escrutinio público antes de su sanción».
Pero si el gobierno no logra actuar, dijo White, los líderes liberianos pueden descubrir que el mundo está cambiando sin ellos, a medida que las compañías y los inversores empiezan a demandar derechos más fuertes como medios para mitigar los riesgos de conflicto social.