Un nuevo informe elaborado por RRI, Forest Peoples Programme y el Consorcio ICCA, en el que se evalúan 30 países con alta biodiversidad de África, Asia y América Latina, revela que, aunque la mayoría de los países cuentan con vías legales para promover la conservación basada en los derechos, en la práctica las contribuciones de las comunidades a los esfuerzos nacionales de conservación siguen sin recibir el reconocimiento o el apoyo adecuados.