WASHINGTON, D. C. — El mundo tiene la mirada puesta en Colombia ahora que el nuevo presidente, Iván Duque, ha tomado posesión del cargo. Los grupos defensores de los derechos y los activistas por la paz están exhortando al gobierno a garantizar que tanto el proceso de paz como los líderes sociales del país estén protegidos.
Tras más de cinco décadas de guerra civil, mi país está experimentando el que podría ser uno de los procesos de paz más sangrientos en la historia moderna. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, más de 330 personas —incluidos líderes de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas— han sido asesinadas desde comienzos de 2016, año en el que se firmó el acuerdo de paz. Tan solo en la primera mitad de este año, fueron asesinadas al menos 123 personas.
A principios de mayo, Hugo Albeiro George Pérez y Luis Alberto Torres, quienes se oponían a la construcción de la megapresa Hidroituango en sus tierras, fueron asesinados mientras un túnel obstruido casi ocasionó que la estructura a medio construir se derrumbara e inundara el valle a sus pies.
El 7 de julio, me uní a las miles de personas que se reunieron por todo el mundo en manifestaciones nocturnas, conocidas como “velatones”, que hacen un llamado a acabar con esta violencia política. Al día siguiente, otros dos líderes fueron asesinados y poco después más de una decena murió a consecuencia de ataques con armas de fuego.