Derechos al Carbono - sala de prensa
Un nuevo análisis realizado por la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) y académicos de la Universidad McGill muestra que la gran mayoría de los países con bosques tropicales que pretenden beneficiarse de los mercados internacionales de carbono forestal aún no han definido en la ley y en la práctica los derechos de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los Pueblos Afrodescendientes sobre el carbono en sus tierras y territorios consuetudinarios.
A medida que las soluciones basadas en la naturaleza siguen atrayendo inversiones públicas y privadas y los actores más poderosos del mundo se lanzan al mercado mundial del carbono, es urgente aclarar quién se beneficia de la venta de compensaciones de carbono. Este estudio subraya algunos de los riesgos más graves de la expansión de los mercados de carbono sin garantizar primero los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los Pueblos Afrodescendientes.
El análisis examina la situación del reconocimiento legal de los derechos de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los Pueblos Afrodescendientes sobre el carbono de sus tierras y territorios en 31 países de África, Asia y América Latina. En conjunto, estos países albergan casi el 70% de los bosques tropicales del mundo, incluidos los cinco países con más bosques tropicales del planeta: Brasil, RDC, Indonesia, Perú y Colombia.
Los hallazgos muestran que, en general, pocos de los 31 países reconocen explícitamente los derechos comunitarios al carbono, y aún menos han probado la viabilidad operativa y política de las normas establecidas.
Los hallazgos más importantes de la investigación son:
- Solo 3 de los 31 países estudiados (Etiopía, el Perú y la República del Congo) reconocen explícitamente los derechos comunitarios sobre el carbono de las tierras bajo propiedad de las comunidades o que están designadas para ellas.
- Solo 3 países (el Brasil, Colombia y Costa Rica) vinculan los derechos sobre el carbono a varios tipos de propiedad de la tierra o de los bosques (incluidas las tierras bajo la propiedad legal de los pueblos indígenas, las comunidades locales y los pueblos afrodescendientes), estableciendo que estos colectivos son los propietarios del carbono de sus tierras.
- Solo 5 países (Costa Rica, Filipinas, Indonesia, México y Viet Nam) cuentan con mecanismos que definen cómo se repartirán los beneficios relacionados o no con el carbono, tal como exigen los planteamientos jurisdiccionales de REDD+. Además, se verificó que solo el mecanismo de uno de ellos (Viet Nam) estaba parcialmente operativo.
- De los 31 países, 19 cuentan con mecanismos de información y atención de reclamaciones para apoyar la participación en REDD+, proteger a las comunidades y garantizar transacciones justas y transparentes. De ellos, solo Costa Rica y México han puesto en marcha estos mecanismos.
Los hallazgos del análisis son que, si bien un puñado de países ha establecido marcos para regular las transacciones relacionadas con el carbono, la gran mayoría sólo los ha definido parcialmente o de forma inadecuada, lo que indica que la mayoría de los países evaluados están mal preparados para realizar transacciones de carbono forestal.
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