América Latina

América Latina ha sido líder en el reconocimiento de los derechos sobre la tierra y los bosques de los Pueblos Indígenas, los Afrodescendientes y las comunidades locales; las comunidades tienen derechos de propiedad sobre casi el 18 por ciento del territorio de la región. En los casos en que se reconocen los derechos, se han dado grandes pasos en la reducción de la pobreza, el aumento de la participación política y la mitigación del cambio climático. Sin embargo, los tiempos económicos difíciles han llevado a muchos gobiernos a adoptar posiciones más favorables a la industria, amenazando con hacer retroceder los derechos de los Pueblos Indígenas, los Afrodescendientes y las comunidades locales.

Desde mediados del decenio de 1980, la región de América Latina ha sido un líder mundial en el reconocimiento de los derechos sobre la tierra y los bosques de los Pueblos Indígenas, los Afrodescendientes y las comunidades locales; ha promulgado una serie de constituciones nacionales progresistas y reformas de políticas. Sin embargo, en los países de toda la región, los esfuerzos por aplicar políticas de tierras y resistir el retroceso siguen siendo un desafío.

A nivel mundial, América Latina encabeza la tasa de criminalización y asesinato de los defensores del medio ambiente y los derechos humanos. Los tiempos económicos difíciles han llevado a muchos gobiernos a adoptar posiciones más favorables a la industria, lo que ha exacerbado la presión sobre las tierras de propiedad comunitaria. Aún más preocupante es que las recientes elecciones presidenciales de 2018 han hecho retroceder a gobiernos de extrema derecha que amenazan con exacerbar la opresión y la violencia contra los defensores de la tierra, provocar una mayor degradación del medio ambiente y hacer retroceder los derechos civiles tan duramente conquistados, así como los derechos de los Pueblos Indígenas, los Afrodescendientes y las mujeres.

A pesar de las crecientes amenazas en algunos países y regiones, siguen existiendo importantes oportunidades para fortalecer los derechos colectivos de las comunidades Indígenas, Afrodescendientes y forestales de la región. La creación de coaliciones a nivel nacional está demostrando ser una estrategia eficaz para influir en los encargados de la adopción de decisiones, luchar contra el retroceso, hacer avanzar los programas de las comunidades en la formulación de políticas y colmar las lagunas históricas en el reconocimiento y la titulación de los derechos de tenencia colectiva de los Pueblos Indígenas y los Afrodescendientes. Además, la Coalición procura responder a las solicitudes de fortalecimiento y ampliación de las alianzas, mejorar la coordinación regional y desarrollar un mecanismo de colaboración para apoyar a las comunidades en la defensa de sus tierras y recursos.

Haga clic aquí para acceder al Plan de Contingencia para el Seguimiento, la Contención-Aislamiento de los Pueblos Indígenas Frente a la Actual Emergencia de Salud en Colombia.

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Regional

La facilitación y coordinación de RRI a nivel regional ha permitido identificar y ampliar cuestiones comunes, como: la consolidación de los movimientos de afrodescendientes en toda América Latina; el fortalecimiento de un programa común y la obtención de representación en la plataforma de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en las comunidades locales; y la facilitación de estrategias coordinadas para garantizar el respeto de los derechos colectivos y evitar el retroceso.

Desde 2012, la atención especial prestada a los derechos de las mujeres Indígenas y afrodescendientes -que todavía se enfrentan a políticas inadecuadas de tenencia de la tierra que suelen hacer caso omiso de la importancia del acceso de las mujeres a la tierra y no las incluyen en los procesos de adopción de decisiones- ha dado lugar a un aumento de la presencia y el papel de las mujeres en los espacios de adopción de decisiones a todos los niveles. RRI apoya activamente la coordinación y el intercambio de información entre los grupos de mujeres de toda la región para promover mejor sus derechos en el marco de las reformas de las políticas nacionales, el desarrollo económico y las actividades de mitigación y adaptación al cambio climático.

Lea más sobre nuestro trabajo a nivel de país en Perú y Colombia a continuación.

Colombia

El incipiente proceso de paz de Colombia está amenazado. Colombia ha dado pasos importantes hacia el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas, los Afrodescendientes y las comunidades locales, y en 2014, adoptó decretos constitucionales que reconocen una mayor autonomía de las comunidades Indígenas para gestionar sus sistemas de educación, atención sanitaria y agua potable. El gobierno también estableció mecanismos legales para asegurar sus tierras ancestrales. Después de 50 años de conflicto interno, el gobierno finalizó los acuerdos de paz con el grupo rebelde de las FARC en 2016 que tienen como objetivo 20 millones de hectáreas de tierra para ser distribuidas a las comunidades campesinas. Sin embargo, el proceso de paz sigue estando amenazado a medida que se estanca su aplicación, y la violencia sigue aumentando en todo el país en medio de nuevos vacíos de poder.

Desde 2015, la formación de una coalición nacional en Colombia ha apoyado la creación de nuevas políticas de reconocimiento de derechos; ha avanzado en la salvaguardia de los derechos y territorios de los Pueblos Indígenas y los Afrodescendientes; y ha logrado una mayor participación de los grupos Indígenas y étnicos en los principales procesos políticos:

Los Colaboradores de RRI y otras organizaciones de la sociedad civil abogaron con éxito por la inclusión de disposiciones en el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia para 2015-2018 para la creación de una política pública integral sobre la mujer rural y el acceso de la mujer a la tierra. En el contexto de los procesos de reforma agraria en curso y la aplicación del acuerdo de paz de 2016, RRI apoyó a Colaboradores clave para su participación en la Comisión Interétnica de Paz, el órgano creado para representar a las comunidades Indígenas y Afrodescendientes en las negociaciones de paz.

Perú

Los Pueblos Indígenas de Perú se enfrentan a la amenaza de un retroceso. Casi el 35 por ciento de las tierras de Perú son propiedad o están controladas por los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, cuyas contribuciones al desarrollo sostenible y a la mitigación del cambio climático son de particular importancia dado que Perú tiene el mayor territorio de selva tropical amazónica después de Brasil. Según el grupo Indígena nacional AIDESEP, Perú tiene la mayor superficie de tierras forestales comunitarias no reconocidas de América Latina, 20 millones de hectáreas. Sin embargo, el Gobierno ha centrado sus esfuerzos en apuntalar la difícil economía del Perú, incluso mediante una serie de cinco conjuntos de leyes, conocidos como paquetazos, que amenazan las tierras Indígenas acelerando las concesiones y racionalizando los requisitos sociales y ambientales para la transferencia de tierras a inversionistas privados.

La Coalición de RRI en el Perú se ha esforzado por impedir el retroceso de los derechos sobre la tierra situando la seguridad de la tenencia en el centro de los debates nacionales e internacionales y promoviendo los derechos seguros sobre la tierra y los recursos sobre el terreno. Este trabajo ha llevado a la inclusión de propuestas Indígenas en la agenda del gobierno nacional, incluyendo la exitosa creación de cuatro nuevas reservas para los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y estados de contacto inicial (IPVIIC) en 2016, y un nuevo acuerdo entre las organizaciones Indígenas y el gobierno para fortalecer las iniciativas económicas locales en los planes de desarrollo nacional en 2018.

El activismo de los Pueblos Indígenas en relación con REDD+ y el cambio climático ha reactivado el interés de los donantes y ha aumentado el compromiso del gobierno con la titulación de tierras, lo que ha dado lugar a un nuevo conjunto de programas de titulación de tierras. La Coalición de RRI en Perú ha estado trabajando para asegurar que los derechos de las mujeres rurales e Indígenas sean tomados en cuenta en estos proyectos de titulación, y apoyó los esfuerzos de promoción que resultaron en la inclusión de miembros de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas (ONAMIAP) en el grupo de trabajo para uno de los proyectos de titulación más grandes financiados por donantes en Perú.