Los pueblos indígenas y otras comunidades locales desempeñan un papel fundamental para mitigar el impacto del cambio climático. Sin embargo, a pesar de que ocupan el 50% de la superficie de la tierra, estas comunidades son propietarias legales de tan solo el 10% de la misma. Por tanto, numerosas organizaciones de la sociedad civil están instando a los gobiernos de todo el mundo a ampliar la protección de los derechos consuetudinarios de tenencia de la tierra.
Las tierras gestionadas por las comunidades constituyen importantes sumideros de dióxido de carbono, pues permiten que las selvas existentes funcionen como reservas que absorben el CO2 y evitan que sus dañinas emisiones se liberen a la atmósfera. De hecho, colectivamente las selvas del mundo albergan más dióxido de carbono del que está presente en la atmósfera. Si a las comunidades indígenas no les otorgan reconocimiento jurídico ni protección gubernamental y la actual tasa de deforestación sigue sin disminuir, es probable que estas selvas se conviertan en una peligrosa fuente de emisiones de CO2.