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Exviceministro de Interculturalidad pide que se aplique sanciones correspondientes a todos los funcionarios públicos comprometidos en estos actos ilegales en el caso de la base de pueblos indígenas u originarios.

PUBLICADO: 2015-07-30

ALBERTO ÑIQUEN G.

Recientemente el portal de periodismo de investigación Ojo Público lanzó el informe ‘Los secretos mineros detrás de la lista de comunidades indígenas del Perú‘, luego de tener acceso a la base de pueblos indígenas que la gestión anterior del Ministerio de Cultura dejó lista y cotejar las autorizaciones a empresas mineras. Entre sus revelaciones destacaron que más del 60% de las comunidades inscritas en esta nómina se ubica en territorios quechua con derecho a la consulta previa; 25 mineras fueron autorizadas –por el Ministerio de Energía y Minas (MEM)– en estos territorios sin convocar a consulta previa, y que algunas comunidades indígenas que figuraban en la base de datos preliminar perdieron tal estatus.

Además, el MEM contrató a consultores privados para identificar y decidir cuáles eran comunidades indígenas y cuáles no, y con ello justificar la aprobación de los proyectos mineros sin los procesos de diálogo previos. Desde el 2012 hasta junio de este año, por lo menos en 15 casos, el Viceministerio de Minería dejó en manos de ellos el trabajo de identificación sin la intervención ni asesoría del Viceministerio de Interculturalidad.

[Lee también: Los secretos mineros detrás de la consulta previa]

A propósito de este reporte, LaMula.pe conversó con Paulo Vilca Arpasi, exviceministro de Interculturalidad, quien renunció al cargo en el 2013, luego de que el actual gobierno desconociera las 83 observaciones que hizo al estudio de impacto ambiental para la ampliación del Lote 88 de Pluspetrol.

La Mula: ¿Por qué el gobierno se demora tanto en oficializar la base?

Paulo Vilca: La decisión de publicar la base de datos considerando a las comunidades indígenas andinas es un asunto político más que técnico y administrativo. Todo el trabajo de diseño, recopilación de información, sistematización y demás detalles técnicos fueron hechos hasta mediados del 2012, y todo ello figura en la Resolución Ministerial que publicamos ese año y constituye el instrumento administrativo que debía dar sustento a las decisiones que se tomaran.

A nivel político, sin embargo, como lo ha indicado ya el exviceministro Iván Lanegra en un artículo de Ojo Público, la mayor resistencia gubernamental provino de otros sectores del Poder Ejecutivo, en particular el despacho presidencial, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Energía y Minas. Sabiendo que en la base que elaboramos se incluyeron a miles de comunidades campesinas y comunidades nativas, consideraban que la publicación de dicha información era un riesgo para las inversiones extractivas. Por cierto, una parte del sector corporativo minero y de sus defensores también se opuso de manera pública a la inclusión de comunidades indígenas andinas, tal como ha sido de público conocimiento.

La Mula: ¿Cómo puede el MEM haber contratado a consultoras sin sustento o respaldo del viceministerio de Interculturalidad?

Paulo Vilca: La utilización de informes elaborados por consultoras privadas para eludir el cumplimiento del derecho a la consulta por parte del Ministerio de Energía y Minas es conocida desde hace buen tiempo por la actual gestión del Ministerio de Cultura. Corresponde a esta última explicar qué acciones realizó para cautelar los derechos de las comunidades indígenas andinas. Por otro lado, respecto a lo señalado [en el reporte de Ojo Público] por la ministra Ortiz en el sentido de que la solución pasa por hacer una “consulta a destiempo”, se ve que hay un desconocimiento del tema o un intento por seguir postergando la aplicación de los procedimientos legales y reglamentarios vigentes en el país.

Si efectivamente se quisiera dar una señal clara de que las cosas van a cambiar, lo que corresponde es declarar la nulidad de los actos administrativos aprobados de forma irregular y aplicar las sanciones correspondientes a todos los funcionarios públicos comprometidos en estos actos ilegales. Igualmente, el Congreso de la República y la Contraloría General deben investigar y determinar las responsabilidades legales derivadas de la aprobación de actos administrativos que la propia ministra de Energía y Minas ha calificado de irregulares.

La Mula: La actual gestión de Interculturalidad señala en el reporte que ha hecho un análisis más detallado, a nivel de centros poblados, y no a nivel distrital, como asegura que ocurrió durante la gestión de usted y del señor Lanegra…  

Paulo Vilca: La única diferencia que existe es que los actuales funcionarios del gobierno decidieron hacer una publicación a cuenta gotas e incompleta. Como sabemos, la consecuencia de ello es la postergación de los derechos de las comunidades y en particular la vulneración del derecho a la consulta de los pueblos andinos.

La Mula: ¿Cómo puede explicarse que algunas comunidades indígenas hayan quedado fuera de la lista original?

Paulo Vilca: Las entidades competentes deberían actuar con transparencia en este tema y explicar la exclusión de los cientos de comunidades campesinas indígenas que ha puesto en evidencia el reportaje de Ojo Público. Para ello se tienen que hacer públicos los informes técnicos del Ministerio de Cultura que determinan la exclusión de las comunidades indígenas andinas quechuas y aymaras que estuvieron originalmente incluidas.

Lo mismo, debe ocurrir con los informes técnicos que sustentan la decisión administrativa de dilatar la publicación de una información que está disponible desde hace varios años, así como de los informes del Ministerio de Energía y Minas que han impedido la realización de consultas previas en el sector minero.

La Mula: ¿El poder empresarial influye en la base de datos?                               

Paulo Vilca: Hay algunos sectores corporativos que se han opuesto públicamente al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas andinos y, por lo visto, autoridades y funcionarios del gobierno han actuado en consonancia con esos intereses. 

La Mula: ¿Quién teme más a la consulta previa: el gobierno o las empresas extractivas?

Paulo Vilca: Varias empresas han manifestado su respeto y disposición favorable al derecho a la consulta y muchas lo han incorporado en sus estándares corporativos. Pero también hay un sector reacio a cumplir con la ley en este extremo. Lo lamentable en este caso es que un grupo de funcionarios públicos hayan actuado ilegalmente de forma deliberada. Como lo he señalado, corresponde declarar la nulidad de los actos administrativos emitidos de forma ilegal y sancionar a quienes resulten responsables en todos los niveles.