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PERÚ.- En el interior de la Amazonía peruana, haciendo frontera con Ecuador, encontramos uno de los territorios con mayor biodiversidad del planeta, hogar de numerosos pueblos indígenas. En este enclave se encuentra también el Lote petrolero 39, con una extensión de casi 900.000 hectáreas y superpuesto a la Reserva Natural de Pucacuro, operado mayoritariamente por la empresa Repsol, actualmente en fase de exploración.
Desde el momento en que el Estado peruano realizó la concesión del Lote, la principal controversia ha girado en torno a la presencia de pueblos aislados, hecho que motivaría la declaratoria de una Reserva Territorial que proteja sus derechos, evitando las operaciones extractivas. La reciente decisión del Ministerio de Finanzas de Noruega -que da por probada esta presencia- de desinvertir en Repsol a raíz de su participación en el proyecto, parece ser la causa de que la compañía esté actualmente vendiendo sus activos en el Lote.
Para acercarnos a esta compleja problemática, la CODPI ha registrado este caso en el Mapa La Tierra se defiende, de conflictos entre pueblos indígenas y empresas transnacionales. Puedes acceder directamente a la ficha del caso pinchando aquí.
La presencia de pueblos aislados en el Lote 39
La estrategia seguida por la Asociación Internétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), principal organización representativa de los pueblos indígenas peruanos, para evitar el inicio de las operaciones extractivas en el Lote 39 ha sido la de demostrar la existencia en este territorio de pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV). De lograrlo, el Estado peruano se vería obligado a aceptar su propuesta para la creación de la Reserva Territorial de Napo-Tigre, estableciendo una zona intangible que imposibilitase el ingreso de las compañías extractivas. Para ello elaboró en el año 2005 el “Estudio técnico para la delimitación a favor de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario. Napo, Tigre, Curaray, Arabela, Nashiño, Pucacuro”.
Dicho estudio contiene 58 testimonios que constatan haber visto a miembros de grupos aislados en la zona, así como estudios antropológicos y pruebas materiales que corroboran la existencia
de estos grupos (lanzas, huertos, huellas…). A raíz del mismo, se inició un largo camino judicial contra la empresas participantes y contra el Ministerio de Energía y Minas de Perú, con la intención detener las operaciones petroleras que amenazaban la existencia de los PIAV. Dicho camino concluyó en 2010 con una sentencia del Tribunal Constitucional en el que considera que la presencia de estos pueblos en el Lote 39 no está probada.
Sin embargo, las resoluciones judiciales no han impedido que varias instituciones públicas peruanas acepten la presencia de estos pueblos en el Lote 39 y se muestren favorables a la creación de una Reserva Territorial. Es más, incluso las empresas que actúan en este territorio admiten esta posibilidad, como demuestra el hecho de que Repsol cuente con un Plan de Contingencia específico ante un posible encuentro con los PIAV (no existen planes similares en el resto de lotes donde actúa la compañía).
A día de hoy, tras más de cuatro años de intervenciones constantes y de la profanación de sus territorios, posiblemente los PIAV se hayan visto obligados a desplazarse a otras zonas más seguras y sea aún más complicado demostrar su presencia en el Lote 39. Todo ello, unido a las presiones corporativas y a la escasa voluntad política del Gobierno peruano, parecen alejar la posibilidad de que la zona se declare Reserva Territorial.
En la investigación Empresas domiciliadas en países ratificantes del Convenio 169 OIT. El caso de la empresa española Repsol, elaborada por Yaizha Campanario y por Pedro García, y publicada por la CODPI, se realiza un estudio pormenorizado del caso del Lote 39, desentrañando las estrategias que ponen en marcha las compañías extractivas para garantizar sus operaciones, incluso a costa de los derechos de los PIAV.
Cuando los mundos chocan
El primer contacto de los PIAV con otras sociedades es un momento extremadamente delicado, tanto a nivel emocional, como en el plano sanitario, social, económico y cultural. Más aún cuando este hecho está protagonizado por el personal de corporaciones extractivas, que cuentan con unos planes de contingencia escasamente fundamentados y que tienen el objetivo último de intervenir de manera intensiva en los territorios en los que habitan las comunidades no contactadas (pruebas sísmicas, construcción de infraestructuras, tala de bosques, etc).
En un reciente boletín audiovisual de la CODPI quisimos alertar sobre estos riesgos, poniendo de relieve la vulnerabilidad extrema en la que se coloca a estos pueblos. Unos pueblos que, por otra parte, son los que han conseguido conservar intactas las mayores bolsas de biodiversidad del planeta, constituyendo en sí mismos sociedades complejas, que viven en armonía entre ellas y con el ecosistema que les rodea.
En el caso del Lote 39, la investigación llevada a cabo arroja que se están produciendo vulneraciones de varios derechos colectivos. En primer lugar, no se cuenta con el consentimiento libre, informado y previo por parte de los PIAV que habitan en la zona: tal y como señala el Relator de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, en estos casos se debe contar con la participación de las organizaciones indígenas nacionales y regionales para poder llegar a una determinación adecuada de cada situación. Además, “el proceso de información y consulta ha sido fuertemente sesgado, escueto, poco claro, y no se ha realizado de manera íntegra para todos los habitantes del lote”.
Por otro lado, y según el propio Estudio de Impacto Ambiental encargado por la compañía, el proyecto prevé ocupar las tierras y los territorios indígenas de manera intensiva, construyendo infraestructuras en distintos puntos del lote: un campamento base logístico y otro de sub-base; 42 campamentos volantes; 75 helipuertos; 3.800 zonas de descarga, dos puntos de apoyo logístico y hasta 3.700km de líneas sísmicas.
Esta ocupación no consentida, además de impactar gravemente en el modelo de desarrollo de los pueblos indígenas amazónicos, pone también en riesgo su vida y su integridad física, dados los riesgos de contaminación de las fuentes hídricas, la alteración agresiva del espacio que garantiza el sustento alimentario de las comunidades y el hecho de que no se cuenta con medidas cautelares efectivas que protejan a los PIAV en caso de contacto.
La resistencia y sus frutos: la salida de Repsol
Desde que se aprobó la puesta en marcha del proyecto exploratorio del Lote 39, los pueblos indígenas de Perú han desarrollado distintas estrategias para evitar que se afecten los derechos de los pueblos que habitan en esta región de la Amazonía. En primer lugar y protagonizada por AIDESEP, se inició una estrategia legal para la declaración en la zona de la Reserva Territorial Napo-Tigre, que estableciese como área intangible la que habitan los PIAV. Si bien en 2010 el Tribunal Constitucional falló en contra de la demanda de retirada de las empresas del territorio, hay varias instituciones públicas peruanas favorables a esta declaratoria, como el Ministerio de Sanidad, el Instituto Nacional de Recursos Naturales, o el anterior Viceministro de Interculturalidad, que emitió en junio de 2013 un memorándum a favor de la creación de la Reserva.
Sin embargo, la nueva Viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, emitió en noviembre de 2013 un nuevo memorando que dejó sin efecto la calificación favorable hacia la propuesta de Reserva Territorial planteada por AIDESEP, anulando de esta manera la tramitación de la misma y dejando en indefensión a las comunidades que habitan en el Lote.
Por otro lado, la movilización social y la implicación de distintas organizaciones internacionales en la defensa de los derechos indígenas en la Amazonía peruana ha terminado provocando la salida de Repsol del proyecto, que en marzo de 2014 comenzó la venta de las acciones (el 50% del total) a la anglofrancesa PERENCO.
Esta medida es adoptada a raíz de la investigación presentada por el Consejo de ética del Ministerio de Finanzas de Noruega, que recomienda a dicho Ministerio no invertir en la compañía debido a los impactos que tienen las operaciones que desarrolla en esta región. Dicho informe llegó a la conclusión de que “hay pueblos indígenas aislados y extremadamente vulnerables en la región de los ríos Napo-Tigre y que Repsol está violando sus más fundamentales derechos”.
Original Article – Petróleo en el corazón de la Amazonía peruana: una amenaza de muerte para los pueblos aislados