As seen on Instituto del Bien Común

El sábado 14 de junio, el diario El Comercio publicó un editorial en donde alegaba que las tierras en manos de las comunidades campesinas y comunidades nativas representan un gran desperdicio para el Perú, y exhortaba al Estado a que titulase parcelas individuales dentro de ellas a fin de permitir su hipoteca o venta.[1] Las distorsiones contenidas en los argumentos esgrimidos sugieren que estamos ante una campaña a favor de quienes codician estas tierras y recursos comunales, como podrían ser la agroindustria,  minería y las urbanizadoras.

El referido editorial es el tercero publicado por dicho medio de comunicación, con la misma posición, en los últimos dos años.[2] Se pueden identificar una serie de argumentos  en los tres textos, que parecen apuntar en la misma dirección: desprestigiar a la institución de la comunidad indígena.

El origen de la propiedad comunal

El primer argumento afirma que el régimen de propiedad comunal en el Perú es un mal heredado del gobierno militar de Velasco. Falso.

La institución de “comunidad indígena” tiene raíces tanto precoloniales (los sistemas indígenas de tenencia y producción) como coloniales (las “reducciones de indios” de los siglos XVI y XVII). Estas comunidades originarias o de “indios” fueron reconocidas oficialmente por la Constitución de 1920, a principios del oncenio del presidente Augusto B. Leguía.

La titulación de las tierras comunales empezó en 1928, y para 1968 -cuando asumió Velasco- ya se había titulado el 37% del total de comunidades indígenas/campesinas. En sus siete años de gobierno, Velasco solo tituló el 4% del total, es decir, menos de la mitad que el 10% del presidente Fernando Belaunde en la década de los sesenta.  En lo que va de la historia, el primer gobierno de Alan García tituló el mayor número de comunidades indígenas/campesinas (23%), mientras que el de Alberto Fujimori, el mayor número de comunidades nativas (45%).

El colectivismo y las comunidades

El segundo argumento de El  Comercio aduce que tanto el gobierno de Velasco como los antropólogos pretendieron engañar al país con el mito de que los comuneros indígenas son “colectivistas por naturaleza”.  Según el editorial, esto es desmentido por la existencia de parcelas individuales dentro de las comunidades.  Falso.

En realidad, existe una tremenda ignorancia y desdén en un sector de la población urbana acerca de las comunidades indígenas en el Perú.  Quienes las conocemos bien (aun siendo antropólogos) sabemos que no son “colectivistas”.  Son familias a menudo emparentadas entre sí, que comparten una vida e historia social, religiosa, estética y simbólica dentro de un espacio común.  La producción es asunto de cada familia y se practica en parcelas heredadas o asignadas por la comunidad. Siempre ha sido así. Por esta razón, cada comunidad es un mosaico complejo de ecozonas subdivididas en parcelas familiares y comunitarias, con diferentes usos y derechos.  Y sus miembros tienen la obligación de participar en los órganos de gobierno comunitario para asegurar el buen cuidado y manejo del mosaico en su conjunto.

La libre disposición de la propiedad

El tercer argumento -tomado del economista Hernando de Soto- afirma que la propiedad comunal no es una propiedad real, dado que niega a los comuneros la oportunidad de -libremente- arrendarla, venderla, hipotecarla o de asociarse para usarla en una empresa.  Falso.

La propiedad comunal es una forma de propiedad privada asociativa, similar a una cooperativa o una sociedad anónima.  Sobre los derechos, obligaciones y usos de cada forma de propiedad privada rigen normas y restricciones; la propiedad comunal no es una excepción. Desde la Constitución Política de 1979, y con más apertura desde la de 1993, la comunidad indígena tiene todo el derecho de disponer libremente de su propiedad y asociarse -según su conveniencia-  para usar las tierras, siempre y cuando medie un acuerdo formal entre sus integrantes, conforme a las normas establecidas por el Estado.

El cuarto argumento de los editoriales de El Comercio es el que  evidencia la intención  de esta campaña: afirma que la propiedad comunal es un capital desperdiciado para el Perú porque obliga a mantener tantas tierras inmovilizadas. Se trata de un viejo argumento: al igual que los comerciantes y terratenientes criollos buscaban liberar las tierras y mano de obra indígena para su propio uso a principios del siglo XIX, hoy se busca quitarles a los indígenas este “capital muerto”.  El expresidente Alan García fue muy directo en su artículo “El síndrome del perro del hortelano”, publicado, precisamente, en el diario El Comercio en 2007: “Hay […] otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán […] tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos; por tanto, su propiedad es aparente. Esa misma tierra, vendida en grandes lotes, traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero […]”.[3]

En el contexto americano -y como nos muestra la historia- el Perú ha sido uno de los países más mezquinos con sus pueblos indígenas y originarios. Ellos, y los temas que les conciernen, merecen un trato mucho más serio que el que El Comercio les está dando.

Autor:  Richard Chase Smith, Director Ejecutivo del Instituto del Bien Común

Original article – La saga del perro del hortelano