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Lo que en su momento fue una política que buscaba proteger las selvas y bosques de la deforestación, hoy se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo de la actividad forestal.

De acuerdo con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, para que una empresa, ejido o comunidad agraria pueda aprovechar recursos forestales, es necesario cumplir con alrededor de 44 trámites, situación que llega a tomar hasta 2 años.

“Es un desincentivo absoluto para la gente que quiere aprovechar los recursos forestales de forma ordenada y sustentable, que no ha derivado en otra cosa que en un déficit cada vez mayor de productos forestales y en la ilegalidad”, aseguró Iván Zúñiga, coordinador de Política Pública de este organismo.

Aseguró que, según un estudio realizado por el Consejo, este exceso de trámites generado principalmente por la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat), merma los esfuerzos que la Comisión Nacional Forestal (Conafor), que a su vez depende de esta Secretaría, para impulsar el aprovechamiento sustentable de bosques y selvas.

Destacó que, mientras que en 2001 el País producía 9.6 millones de metros cúbicos de madera, actualmente dicha producción está por debajo de los 6 millones de metros cúbicos.

Lo anterior, dijo, ha llevado a generar un déficit de mil millones de dólares, tan sólo por la importación de madera, y de 6 mil millones de dólares si se consideran todos los productos maderables.

“El impacto económico de esa destrucción de la industria está generando no sólo una enorme pérdida para el País, sino condenar a la pobreza a millones de mexicanos que dependen de los bosques como medio de subsistencia”, dijo.

Señaló que, además de la sobrerregulación del sector, la política fiscal actual representa el “tiro de gracia” para una buena parte de las industrias forestales comunitarias, que difícilmente pueden cumplir con obligaciones como la emisión de facturas electrónicas.

“Muchas de los aserraderos están en ejidos apartados de todo, donde a veces ni si quiera tienen luz, mucho menos internet, eso lleva a que ellos no sólo no puedan dar facturas, sino tampoco deducir el IVA de muchas cosas porque nadie en esos lugares las da, y por ende a mayores costos fiscales”, indicó.

Según el último censo forestal, en el País existen alrededor de 600 empresas forestales, de las cuales 240 serían aserraderos y otras industrias de transformación forestal; población que sería la más vulnerable con este tipo de políticas.

Original Article – Afecta sobrerregulación a silvicultura