En países de toda la región, la puesta en práctica de las políticas agrarias sigue siendo un reto, mientras que las políticas nuevas desintegran los derechos sobre la tierra y los bosques en favor del fomento de la agricultura y las industrias extractivas.

La cooperación regional entre los países latinoamericanos está demostrando ser una estrategia eficaz para influir sobre los dirigentes para que combatan la reducción de los derechos y fomenten su ejercicio. RRI se enfoca en el fortalecimiento de los derechos colectivos de poblaciones indígenas, afrodescendientes y comunidades forestales en la región, al tiempo que contribuye con reformas legales de largo alcance.

Desde el 2012, la Coalición se ha enfocado de manera particular en los derechos de las mujeres indígenas y Afro descendientes, quienes aún se enfrentan a políticas inadecuadas de tenencia de la tierra que normalmente ignoran la importancia del acceso de las mujeres a la tierra y las excluyen de los procesos de toma de decisiones.

La RRI apoya activamente la coordinación de los grupos de mujeres de la región y el intercambio de información entre ellos para que puedan promover mejor sus derechos en la reforma política nacional, los debates regionales y las campañas de mitigación del cambio climático y adaptación a este.

Lea más información sobre nuestro trabajo en Perú y Colombia a continuación.

  • Colombia
  • Perú

La historia

Colombia ha adoptado medidas importantes para reconocer los derechos de las comunidades indígenas y locales. En 2014, Colombia aprobó decretos constitucionales que otorgaban a las comunidades indígenas una mayor autonomía para gestionar sus sistemas educativos, asistencia médica y agua potable. El Gobierno estableció también mecanismos legales para que estas comunidades obtuvieran sus tierras ancestrales. Tras 50 años de conflicto interno, en 2016 el Gobierno está ultimando acuerdos de paz que afectan a 20 millones de hectáreas de tierra para distribuir entre las comunidades campesinas.

La oportunidad y cómo la RRI está provocando un cambio

La RRI apoya las políticas nuevas en materia de reconocimiento de derechos. Los colaboradores de la RRI y otras organizaciones de la sociedad civil defendieron con éxito la inclusión en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo de Colombia de disposiciones para crear una política pública integral en materia de mujeres rurales y acceso de las mujeres a la tierra. Ahora hay organizaciones de mujeres, además de otras organizaciones de campesinos, indígenas y afrocolombianos, que colaboran con la Consejeria Presidencial para la Equidad de la Mujer sobre igualdad de género para garantizar que se tomen medidas sobre el terreno.

La historia

Los pueblos indígenas de Perú se enfrentan a la amenaza de una reducción de sus derechos. Casi un 35 % de la tierra de Perú está bajo la propiedad o el control de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Las contribuciones de estos colectivos al desarrollo sostenible y la mitigación del cambio climático son especialmente importantes dado que Perú cuenta con el territorio de selva tropical más extenso de la Amazonía después de Brasil. Según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Perú cuenta con la mayor superficie de tierra forestal comunitaria sin reconocer de Latinoamérica: 20 millones de hectáreas. Sin embargo, el Gobierno ha concentrado sus esfuerzos en afianzar la economía peruana, que pasa por grandes dificultades, entre otras cosas con una serie de cinco conjuntos de leyes, conocidos como «paquetazos», que aceleran las concesiones y simplifican los requisitos sociales y ambientales necesarios para transferir tierra a inversores privados.

La oportunidad y cómo la RRI está provocando un cambio

La RRI trabaja para garantizar la tierra a los pueblos indígenas y comunidades locales. Con nuestro apoyo, en 2014 la AIDESEP pudo asegurarse de que en el programa del Gobierno nacional se incluyeran propuestas para la creación de cuatro reservas nuevas para pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, así como propuestas para la recategorización de cinco reservas territoriales ya existentes. En mayo de 2016, tres de estas reservas territoriales se convirtieron en reservas indígenas, con lo que culminó con éxito un proceso que había durado más de una década. Pese a que el nuevo gobierno no ha mostrado interés en dar prioridad a las preocupaciones indígenas, un consenso internacional acerca del papel de la seguridad territorial de los pueblos indígenas puede presionar al gobierno que cumpla con sus compromisos.

Han surgido nuevas oportunidades gracias a los acuerdos de Perú con donantes internacionales. El activismo de los pueblos indígenas en el ámbito de REDD+ y el cambio climático ha hecho resurgir el interés de los donantes y ha aumentado el compromiso del Gobierno. Entre estos acuerdos se incluye el Programa de Inversión Forestal del Banco Mundial, que aún está en su fase previa de ejecución pero que destinará siete millones de dólares estadounidenses (US$) a la concesión a los pueblos indígenas de la titularidad legal de sus tierras ancestrales. El Gobierno peruano también ha firmado un acuerdo con Noruega y Alemania para el mercado de carbono de REDD+, lo que puede convertirse en una plataforma prometedora para reafirmar los derechos de tenencia comunitaria. La coalición de la RRI en Perú trabaja para evitar la reducción de los derechos sobre la tierra al colocar la seguridad de la tenencia en el centro de estos debates nacionales e internacionales.

Socios de América Latina

Redes Afiliadas de América Latina

Colaboradores de América Latina

  • Asociación Ambiente y Sociedad
  • Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP)
  • Asociación de Forestaría Comunitaria de Guatemala Ut’z Che’
  • Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
  • Asociación para contribuir a mejorar la Gobernanza de la Tierra, del Agua y de los Recursos Naturales (aGter)
  • Association for Environment and Society
  • Autoridad Nacional Afrocolombiana (ANAFRO)
  • Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS)
  • Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA)
  • Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)
  • Confederación Campesina del Perú (CCP)
  • Confederación de Pueblos Indigenas de Bolivia
  • Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP)
  • Confederación Nacional Agraria (CNA)
  • Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS)
  • Coordinadora de Asociaciones y Comunidades para el Desarrollo Integral de la Región Ch’orti’ (COMUNDICH)
  • Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (CONAPIP)
  • Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
  • El Instituto de Investigación y Desarrollo Nitlapan (NITLAPAN)
  • Federación Departamental de Mujeres Campesinas de Cundinamarca (Fedemucc)
  • Foro Interétnico Solidaridad Choco (FISCH)
  • Fundación Maya (Fundamaya)
  • Instituto del Bien Común (IBC)
  • Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA)
  • Instituto Para el Hombre, Agricultura y Ecología (IPHAE)
  • IUCN
  • La Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia
  • Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA)
  • Mesa de Incidencia Política de las Mujeres Rurales Colombianas
  • Proceso Comunidades Negras (PCN)
  • Programa de Estudios Rurales y Territoriales, Universidad de San Carlos (PERT-FAUSAC)
  • Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, Pontificia Universidad Javeriana
  • Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC)
  • Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)
  • Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)
  • Resguardo Indígena Arhuaco
  • Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)