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En un análisis de cerca de 73,000 concesiones en ocho países con bosques tropicales, se encontró que más del 93 por ciento de estos desarrollos involucran terrenos habitados por pueblos indígenas y comunidades locales. Según la investigación, realizada por The Munden Project, la cantidad total de tierras entregadas por los gobiernos al sector privado para la explotación minera, maderera, perforaciones de gas y petróleo, y agricultura a gran escala incluye por lo menos al 40 por ciento de Perú y al 30 por ciento de Indonesia.

“Cuando los gobiernos venden las tierras, bosques y otros recursos naturales de las tierras en donde las personas viven, los conflictos locales se vuelven inevitables,” dijo Andy White, coordinador de la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI), entidad que encargó la investigación. “Todos estos conflictos -y los riesgos financieros que enfrentan los inversionistas- son evitables. Las empresas y los gobiernos involucrados primero necesitan respetar e involucrar plenamente a los pueblos indígenas y a las comunidades forestales en todos los aspectos de la inversión propuesta, en lugar de tratarlos como espectadores que pueden ser dejados de lado.”

“Los derechos de propiedad en muchos mercados emergentes o fronterizos son disfuncionales al punto que la propiedad de la tierra puede otorgarse sin el conocimiento o consentimiento de las personas que viven o dependen de esa tierra”, afirmó Leonardo Pradela del The Munden Project. “Por lo general ligada a su tierra por muchas generaciones, estas personas tienen poco interés en trasladarse a las zonas urbanas y son prácticamente imposibles de trasladar. El riesgo de conflictos emergentes con poblaciones locales son confusos, pero importantes, y tiene más en común con el riesgo de contraparte convencional de lo que hace con las externalidades. Tratar a las personas como contrapartes locales permitirán a los operadores un camino más claro tanto para la comprensión de los riesgos y la gestión de las relaciones con eficacia.”

En el análisis, Las comunidades como contrapartes: estudio preliminar de concesiones y conflictos en mercados emergentes y fronterizos, The Munden Project mapeó desarrollos o concesiones de recursos naturales en ocho mercados emergentes o fronterizos (EFM, por sus siglas en inglés): Brasil, Camboya, Colombia, Indonesia, Liberia, Mozambique, Perú y Filipinas. Estas concesiones casi siempre generaban conflictos con las personas que viven en la tierra destinada para el desarrollo. El informe examina 100 de estos conflictos y busca patrones en cómo y por qué surgen estos problemas.

Varios de los países proveyeron proporciones significativas de sus tierras para la extracción de recursos naturales. Más de 40 por ciento del área terrestre del Perú, el anfitrión de la próxima ronda de negociaciones internacionales sobre cambio climático, ha sido asignado para operaciones de explotación maderera, minería y perforaciones de gas y petróleo. Indonesia, con un 30 por ciento, y Liberia, con 35 por ciento, también han cedido partes considerables de sus territorios para operaciones a gran escala de agricultura, explotación maderera y minería. Como punto de referencia, el 30 por ciento de los Estados Unidos incluiría a todos los Estados al este del río Mississippi.

El informe Las comunidades como contrapartes fue publicado antes del 16avo Diálogo sobre Bosques, Gobernanza y Cambio Climático de la RRI titulado, “Inversiones, Comunidades y Cambio Climático: Riesgos y Oportunidades”. El evento tuvo lugar en Lima, Perú, el 30 de octubre de 2014.

El riesgo financiero comienza desde el principio

The Munden Project estableció tres patrones generales de conflicto en las concesiones en EMF. El primer patrón está relacionado con el tiempo, lo que demuestra que más de las tres cuartas partes de todos los conflictos examinados ocurrieron al comienzo de un proyecto o cuando el proyecto se expande. En lugar de involucrar a los pueblos indígenas y a las comunidades locales desde el principio de un proyecto que involucra sus tierras, los gobiernos y las corporaciones los contactan sólo después de que los planes han sido redactados, engendrando el conflicto desde el inicio.

Un ejemplo de este patrón puede verse cuando los gobiernos de Brasil y Perú acordaron construir dos represas en el Río Ene, en la Amazonía peruana, sin el consentimiento del pueblo Ashaninka que vivía en la región. Las presas, que habrían desplazado de 8000 a 10,000 personas, desencadenaron tres años de protestas y disturbios antes de que las obras fuesen detenidas finalmente.

“En estos tiempos, no debería sorprendernos que el único lugar realmente deshabitado sea la Antártida,” dijo Richard Smith, director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC), que fue co-anfritión del evento del 30 de octubre. “Uno puede encontrar comunidades viviendo en casi todas partes. Ya no es tolerable que las comunidades no sean consultadas sobre las inversiones que involucran a sus tierras.

La importancia del cumplimiento regulatorio

El segundo patrón de conflictos surge de la falta de cumplimiento con las leyes que rigen el desarrollo de los recursos naturales. El análisis encontró varias de las instancias en las que los impactos ambientales involucraron la destrucción parcial o total de bosques o deterioraron el agua potable de la comunidad local, el suelo en sus fincas, o el aire que respiran. Cuando las comunidades y las ONG locales descubren estos impactos, a menudo desafían a los gobiernos y a los perpetradores del sector privado para que detengan las operaciones y solucionen los problemas.

En Santiago de Chuco, Perú, por ejemplo, las organizaciones comunitarias locales demostraron que una mina operada por Barrick Gold contaminó su suministro de agua potable, obligando a la empresa a gastar millones de dólares para abordar los problemas. Los defensores atrajeron atención a nivel federal, y Barrick se vio obligada a ajustar la evaluación del impacto ambiental del proyecto, causando que las operaciones fuesen suspendidas durante ocho meses.

“Se piensa que muchas de las economías en mercados emergentes y fronterizos en Asia sudoriental, América Latina y África tienen esquemas regulatorios de autorización sin cuestionamientos”, señaló Pradela. “Mientras muchos esperan que el cumplimiento de estos esquemas sea una mera formalidad, la realidad en el campo es muy diferente. Independientemente de si se aplican las regulaciones, las violaciones a las mismas desencadenan conflictos locales, que pueden acarrear elevados costos por retrasos operacionales y daños financieros.”

Negociar de buena fe puede evitar conflictos

El tercer patrón consiste en lo que las Naciones Unidas define como “Consentimiento libre, previo e informado” (o “CLPI”). A menudo, los derechos de las personas que viven en el terreno no son tomados en serio; estas comunidades son informadas de la situación o se negocia con ellos de mala fe, pero nunca son tratadas como socios en la transacción comercial.

Por ejemplo, los Merind que viven en Merauke, Indonesia, en la región de Papúa Occidental no fueron consultados cuando en 2010 el gobierno nacional anunció sus planes para transformar 2 millones de hectáreas en plantaciones agrícolas y de biocombustibles. Una subsidiaria de Wilmar International, la empresa agrícola más grande de Asia, trató de tomar ventaja de esta demarcación, pero sin incorporar a los Merind en los planes de desarrollo. Las protestas locales y la cobertura de los medios de comunicación internacionales obligaron a Wilmar, a un costo significativo para sus inversionistas, a reducir la escala de las operaciones planificadas y a trasladarse a otro lugar.

“Las concesiones de los recursos naturales no pueden considerarse un desarrollo económico cuando dejan de tomar en cuenta los derechos económicos de los habitantes locales”, concluyó White. “El verdadero desarrollo económico empodera y enriquece a todos los involucrados. Sólo garantizando los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre su tierra se puede garantizar que compartirán la prosperidad cuando el desarrollo visite sus bosques.”